Todas las alarmas se han encendido en el continente frente una probable agudización de la crisis alimentaria el 2023.
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En términos sencillos, nos advierten que podría presentarse cuadros severos de hambruna en la población más vulnerable debido a los problemas bélicos en Rusia, la pandemia y la crisis energética. Acá en Perú, la crisis política y económica.
En algunos países, como Chile y Brasil, los gobernantes están desplegando estrategias que puedan mitigar el impacto de esta crisis alimentaria en la población.
Aquí en Perú, hasta el momento, no hay ninguna señal de que al gobierno de Pedro Castillo le preocupe lo que pueda ocurrir el próximo año a pesar de las advertencias.
Hasta ahora no hay trabajo visible ni propuestas para revertir el desempleo que origina la débil inversión pública y privada. No hay plan de mitigación visible para asistir a las familias con alimentos, salvo el consabido bono que, en muchos casos, llega a destiempo, es insuficiente y no todos los que deberían recibirlo lo hacen.
Pedro Castillo y sus ministros están ocupados conservando el poder, esquivando o bloqueando pesquisas de fiscales antes que en los pobres y los problemas del país.
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