El descontento social que hoy se ve en las calles es porque el gobierno no llega con la misma intensidad a los sectores más necesitados; la verdad es a medias, porque la responsabilidad de invertir en proyectos y obras para mejorar la calidad de vida de los pueblos depende directamente de los gobiernos locales y regionales que, hasta ahora, han demostrado más ineptitud que aciertos.
Las obras paralizadas, en arbitraje, la baja ejecución del presupuesto que luego devuelven al MEF no es culpa directa del gobierno sino de los funcionarios a cargo de la administración de los recursos regionales, provinciales y distritales. Según reporte de Servir, más del 87% de los funcionarios estatales no tienen capacidad para estar al frente de la administración de los recursos públicos.
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Para el ex ministro de Economía, Miguel Castilla, solo el 2% de los funcionarios evaluados pasan con 18 de nota, otro 11% aprueba ‘arañando’. El resto no pasa ni con ‘copia’. El problema de incapacidad incluso se agravó por la injerencia política y corrupción. Se selecciona personal por agradecimiento político más que por capacidad y los resultados, por lo menos en Piura, saltan a la vista.
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