Llamar “Tercera toma de Lima” a la marcha es en sí misma una provocación que el gobierno de Dina Boluarte ha dejado pasar por alto.

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No es posible que grupos extremistas, con claras vinculaciones con personajes subversivos, se reúnan abiertamente para organizar la toma de una capital y, lo más irónico, que grupos políticos de la izquierda se unan abiertamente y apoyen este tipo de actividades que subjetivamente nos dice que será violenta, pues no se toma ni se conquista una ciudad solo con una simple marcha.

La población tiene derecho a la protesta y la Constitución lo respalda, pero no puede -en aras de ese derecho-, provocar y mucho menos amenazar al Gobierno y la población con presuntos actos de violentistas. Se anuncia una marcha de protesta, pero no la “toma” de una ciudad. Lo más insólito es que el Gobierno, temeroso de los ONG de DD. HH., está dejando que estos personajes extremistas se paseen por el país y organicen asonadas sin que nadie se lo limite.

Un ejemplo de ello es la ANP (Asociación Nacional de Pueblos), uno de los grupos más importantes que están detrás de la marcha de hoy, y que a su vez congrega a Patria Roja, el Partido Comunista Peruano, CGTP, Sutep y otras organizaciones de izquierda. Como cereza del pastel se han unido Juntos por el Perú y la inefable Verónica Mendoza. Saquen sus cuentas.