El Gobierno, como afirma el exministro de Energía y Minas, ha tomado partido como si se tratara de un grupo antiminero y se olvidara de que su rol primordial es ser mediador y garante de la paz social y de la viabilidad económica. El sensible tema minero no es el único en el que el Gobierno de Pedro Castillo ha tomado una posición en vez de mantenerse políticamente neutral.

Hace poco, el tema educativo fue una de las polémicas más graves que afrontó el Ejecutivo. Es difícil creer que Castillo está a favor de una reforma educativa real, moderna, desde que el propio presidente actúa como un sindicalista. No hay un verdadero interés en fortalecer el sistema meritocrático para los docentes, los funcionarios se hacen de la vista gorda -y las manos anchas- ante la filtración del examen de nombramiento. ¿Por qué? Porque es un tema que al Gobierno no le importa. Solo se habla del retorno a clases como una simple imposición que no está tomando en cuenta una serie de realidades que la pandemia y la educación virtual (el encierro en los hogares) han provocado. No estamos en contra del regreso al dictado presencial; creemos que es incoherente que los estadios abran y no las escuelas, pero también pensamos que la medida requiere un cálculo más complejo y una planificación más detallada. Reiteramos: el Gobierno no tiene una política educativa porque sus actores no salen de sus papeles de sindicalistas y agitadores.

Con la minería pasa lo mismo. Han preferido replicar un discurso enarbolado hace tres décadas, convertirlo en plan de Gobierno y desestabilizar al sector minero sin tomar en cuenta las consecuencias económicas de esta jugada: evidentemente, no solo cae la gran minería, la Hochschild y otras empresas a las que se acusa de tener sobreganancias y contaminar el medio ambiente, sino que se echa a perder la oportunidad de progreso de miles de ciudadanos cuyos puestos de trabajo directos e indirectos dependen de la actividad minera. Si Castillo, Mirtha Vásquez o Pedro Francke piensan que este es un discurso chantajista, podrían haber convocado al diálogo a todas las mineras legales y redefinir un marco de reglas de juego que preserve, sobre todo, la institucionalidad, en vez de dedicarse a perseguir a la actividad privada por motivos puramente ideológicos.