Tras el último mensaje dirigido por la presidenta Boluarte a la nación, muchos ciudadanos han quedado con la duda de cuál es la responsabilidad que el Gobierno reconoce, cuál es la deuda que mantiene con la ciudadanía.

Los expertos que este diario consulta son de la opinión de que la mandataria -y el Gobierno en conjunto- no tienen que hacer ningún mea culpa, sino que debe sostenerse en sus facultades otorgadas y reconocidas por ley para pagar con la justa moneda a los que riegan con sangre de compatriotas el sagrado suelo patrio.

Dejemos de ver víctimas donde hay victimarios y promotores de la violencia; dejemos de observar inocentes donde yacen aquellos que murieron aplastados por la crisis que ellos mismos provocaron. ¿Podemos estar de acuerdo?

Nosotros creemos que la crisis actual es de responsabilidad colectiva, que lo que ocurre en el país, aun cuando hubiere individuos o sectas violentistas tratando de lograr que el Perú arda o se rompa en pedazos, no nos exime de nada: por supuesto que hay una responsabilidad grave del Gobierno por no actuar desde un principio y por dejar que cunda la intolerancia y la negativa al diálogo, el terruqueo, la violencia práctica.

La primera labor del Gobierno de transición debió ser convocar a las fuerzas políticas y sociales a un gran diálogo que asegura que la transición sea ordenada y verdaderamente democrática. En vez de ello, se prefirió hacerlo todo de espaldas a una ciudadanía que tenía bien grabado en la frente el discurso del resentimiento, de la exclusión, del antilimeñismo y otros tantos relatos de odio que, reconozcamos, a veces son mutuos.

El Gobierno todavía tiene opción para rehacer las paces y preparar un programa de transición que se base, en primer lugar, en la ley. A pesar de la cincuentena de fallecidos, estamos, la ciudadanía, los que gobiernan y los medios de información, llamados a lanzar la gran convocatoria que salve al país del extremismo, de los falsos mesías que atraviesan las fronteras y crean líos para beneficio de una cúpula extranjera. Sí, hablamos de los “ponchos rojos”; el diálogo debe pasar también por la detención y el proceso a los azuzadores nacionales y foráneos. Demostremos que tenemos, a pesar de la dificultad, la fuerza de un país verdadero para reconstruirnos y volver la vista al desarrollo.

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