Contar con los recursos para construir centros de salud, carreteras, redes de agua y alcantarillado, colegios, defensas ribereñas, etc. y no poder hacerlos realidad al tener obras paralizadas debido a la ineficiencia de autoridades que se coluden con malos empresarios o simplemente por trabas burocráticas, es un contransentido que está llevando al hartazgo de la población.

El jalón de orejas que acaba de darles el contralor general de la República a nuestras autoridades y funcionarios causantes de que al menos S/1.830 millones en obras estén “botados” en lugar de ser usados para el servicio de la población, no debe caer en saco roto.

Piura acaba de cumplir 489 años de fundación y es el momento propicio para definir qué estamos haciendo mal como sociedad, como ciudadanos y como gobernantes. Hace ya buen tiempo desde que el ente de control llamó la atención del país diciendo que Piura es la primera región en niveles de corrupción y no pasa nada. Lamentar y mostrarnos indignados interiormente o escribiendo dos renglones en redes sociales, no hará que las cosas cambien.

Si hay algo a lo que nos obliga el Bicentenario, el aniversario de Piura, la crisis económica, la pandemia, la proximidad de un eventual periodo lluvioso y hasta el cambio de gobierno, es a cambiar de actitud. Si seguimos cruzados de brazos mirando pasivamente cómo se dilapidan nuestros escasos presupuestos o simplemente exigiendo que otros vengan a hacer lo que nosotros no somos capaces de lograr, seguiremos siendo postergados.

La buena noticia es que no siempre fue así. En su momento la sociedad civil piurana y el Frente de Defensa encabezado por el entonces arzobispo de Piura, Oscar Canturias, lograron que las autoridades nacionales den importantes soluciones a la gran devastación del Niño del 83. Otro de los logros de los piuranos unidos ha sido el conseguir una mejor distribución de los recursos del canon.

Si bien las actuales circunstancias son diferentes por la pandemia, conviene que las instituciones, colectivos ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos, no nos contentemos con un simple reclamo o pronunciamiento. Solo mayor fiscalización con drásticas sanciones y el persistente reclamo ciudadano con apego a ley, evitarán que nos sigan robando nuestros recursos.