Cuando más se necesita generar empleo para atenuar los efectos negativos causados por la inestabilidad política, la COVID-19 y factores externos en la economía del país, increíblemente los recursos públicos siguen guardados debido a la burocracia e ineficiencia del Estado.
Desde el año pasado los especialistas y analistas advierte que la inversión pública debe ser la locomotora que arrastre los capitales privados para volver a echar a andar el país. Sin embargo, con el clientelaje y amiguismo con que se viene actuando desde Palacio para copar los cargos públicos y el empecinamiento del presidente Castillo por la Asamblea Constituyente, lo que se está logrando es desacelerar cada vez más la ejecución de obras y ahuyentar a la inversión privada.
A pesar de los avances innegables y las buenas intenciones del MEF por revertir la caída del empleo, a siete semanas de terminar el año, mil 640 proyectos del Gobierno nacional y regiones continúan paralizados (163 de ellos en la región Piura). Desde el MEF hay preocupación porque, a pesar de contar con un presupuesto de S/37 mil millones, no se ejecuta ninguno de estos proyectos. En el caso de la región Piura, se trata de obras por 1.993,20 millones de los que aún no se toca ni un sol, según Infobras (actualizado a julio de este año).
Las causas de esta indignante situación no solo son la burocracia y la deficiente gestión de los funcionarios del Gobierno nacional y los regionales, sino también la paralización de otras obras que se estaban ejecutando. La Contraloría ha señalado que a julio 2021 en el país hay 3.314 proyectos de inversión paralizados debido a arbitrajes y procesos judiciales.
De modo que, en lugar de estar obligando a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas a darles cargos y ascensos a sus amigos, el señor Castillo debería preocuparse por agilizar la reactivación de estas obras.
No se debe olvidar que en junio venció la exoneración del trámite de habilitación urbana para proyectos de inversión pública, lo cual implica más demora para las obras que aún no se inician. Según el Doing Bussines 2020, en nuestro país se necesita en promedio de tres a seis trámites más que en otros países de Latinoamérica y OCDE, para obtener una simple licencia de construcción.
