“La democracia, más que cualquier otro régimen, exige el ejercicio de la autoridad”, según el poeta y diplomático francés Saint-John Perse.
Ya sea porque los procesos del mundo digital están cambiando los hábitos y el comportamiento de las sociedades e individuos, o porque la mayoría de peruanos no confía en el presidente ni en muchos de quienes conforman su Gobierno.
En el país aumentaron significativamente los actos de indisciplina y retrocedió el ejercicio de autoridad.
Si para generar confianza un líder debe estar en contacto con los problemas y preocupaciones de los demás y resolver sus conflictos, es imposible que funcionarios públicos como el presidente Castillo, que no ejercen el poder conferido para resolver las protestas en Las Bambas, Cuajone, en el transporte, etc., o el gobernador de Piura que se burla de la Fiscalía programando viajes el mismo día en que lo citan para declarar sobre un grave caso de presunta corrupción, se ganen el respeto de la población.
Las consecuencias negativas de esta pérdida de autoridad no solo afectan a quienes ocupan los cargos públicos, sino a toda la sociedad: pierden las familias afectadas porque la canasta familiar no deja de subir o al tener que enviar a sus hijos al colegio en taxi y no en bus por temor a que sean asaltados; pierden los que brindan servicio delivery porque los usuarios los miran con sospecha entre tantos asaltantes en moto.
Los piuranos somos testigos de la falta de capacidad de nuestras autoridades para cumplir las funciones que les fueron asignadas.
Así, en lugar de hospitales estratégicos, colegios y carreteras terminadas, vemos obras inacabadas o paralizadas y sentimos que las autoridades no nos representan. El que los funcionarios locales, regionales y nacionales no ejerzan bien el poder conferido ocasiona, sin duda, muchos problemas sociales. Recuperar el orden y el principio de autoridad es un clamor ciudadano, el que ha sido recogido por un grupo de autoridades de Migraciones, Fiscalía, Subprefectura y Municipalidad de Piura, quienes han iniciado una serie de operativos para separar la paja del trigo en bares, cantinas y hoteles.
¿Qué esperan los alcaldes, prefectos, dirigentes y el propio ministro del Interior para sumarse? No deben olvidar que la población solo confiará en ellos si trabajan por el bien común, si resuelven los problemas de todos.
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