Más allá del show mediático que se nos viene en torno a la entrega del expresidente Alejandro Toledo, su extradición y traslado al país para ser encarcelado posiblemente en la Diroes, el caso Toledo demuestra que en el país la justicia funciona y que quien usa un cargo público para recibir coimas, por más que intente burlar la ley, tarde o temprano termina en prisión. Siete presidentes investigados por corrupción, tres de ellos (incluido él, desde la próxima semana) entre rejas.

Como lamentablemente ya es habitual en el país, el exmandatario intentará victimizarse y desacreditar lo más que pueda al sistema de administración de justicia. De hecho ya lo está haciendo, en la entrevista concedida a la agencia EFE un día antes de entregarse, constantemente habla de sus problemas de hipertensión, de su medicación diaria, de sus rezagos de cáncer; y, con las pausas e inflexiones de voz que le caracterizan, ha dicho casi amenazante, que no se corre de la justicia pero pide que no lo maten en prisión.

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Con el respeto que se merece el exlíder de Perú Posible, luego de ventilarse en la país sus decenas de millones de dólares en coimas, de su regateo por más coima con Barata, de inventarse una reparación por el Holocausto, de negar a su hija, de irse de restaurantes sin pagar la cuenta o del hallazgo de una cuenta privada con 1.6 millones de dólares en EE.UU.; ya no está en condiciones de reclamar respeto, menos poner condiciones.

Es más, de acuerdo a los especialistas estamos ante el caso de corrupción más solido, en cuanto a pruebas, de los últimos años que tiene el Ministerio Público, por lo que difícilmente se le considera arresto domiciliario que seguramente solicitará, ni siquiera aduciendo razones de salud.

Es importante señalar, sin embargo, que si bien todos somos iguales ante la ley, de acuerdo al marco jurídico por graves que sean los delitos cometidos, Toledo no pierde su condición de expresidente y, por supuesto, la de ciudadano con derechos universalmente reconocidos.

Por su parte, los oportunistas de siempre que seguramente se rasgarán las vestiduras pretendiendo sacar provecho político del caso Toledo, así como los ciudadanos en general, no debemos olvidar que quienes pusieron a Toledo en la presidencia fueron más de 5 millones y medio de peruanos.