Mientras los ojos de la opinión pública están puestos en la asignación de presupuesto para las urgentes obras de prevención ante un Niño que según la NOAA ya comenzó, mientras las familias piuranas están pendientes de la fumigación y el mal manejo de la epidemia agravado por el empecinamiento de la presidenta Boluarte en mantener en su puesto a una de las ministras de salud más ineficientes en décadas; nos hemos olvidado del nuevo flanco que ha abierto el dengue en esta crisis sanitaria: los niños contagiados.
En el país, más de 37,000 niñas, niños y adolescentes contrajeron dengue en lo que va de 2023, según un informe de Unicef. Tres de cada 10 contagiados son menores de edad, 24 de los 186 peruanos fallecidos en el país son niños y adolescentes.
Al igual que los infectados adultos, los 40 mil 873 con niños y adolescentes contagiados en el país están sufriendo por el colapso de los hospitales y la falta de atención médica adecuada y oportuna para hacer frente a una enfermedad que en más del 95 % de casos, no debería causar la muerte, según expertos. Los casos se agravan por falta de camas especialmente en la región Piura, donde ya se contabilizan 13 menores fallecidos.
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En el Cesamica de Castilla, que recibe al menos cien pacientes diarios, las 13 camas de hospitalización están ocupadas y hay muchos enfermos esperando a que alguna se desocupe. Los pacientes son derivados al hospital temporal La Videnita, de Essalud, y al Centro de Salud Consuelo de Velasco, pero no necesariamente encuentran cupo.
Entre el 1 y el 5 de junio -luego de la presión social lograda mediante la difusión de imágenes de pacientes pediátricos con signos de alarma pero esperando en los pasillos de los hospitales de la región-, 17 menores de Piura, Paita y Sullana han sido trasladados en vuelos humanitarios de la FAP a diversos hospitales de Lima. Actualmente dos de ellos están internados en UCI en el Instituto Nacional de Salud del Niño. ¿Hasta cuándo podrá recibir más pacientes dado que reciben de todas las regiones?
Minsa, ni la Diresa o el premier Otárola y menos la presidenta Boluarte se atreven a responder cómo frenar tantos contagios y muertes en este grupo etario vulnerable, con un precario sistema de salud y un déficit de 1.423 trabajadores de salud en la región.
