El jueves, con 93 votos a favor, el Congreso aprobó el proyecto para el retorno del país a la bicameralidad; iniciativa que llevaba varios meses entrampada ante la imposibilidad de obtener una primera votación favorable de 87 votos. Sin embargo esta vez superó la votación minima llegando a 93 votos.
Es indiscutible que una reforma constitucional de esta magnitud -siempre y cuando se ratifique en la próxima legislatura de marzo 2024-, permitirá mejorar la calidad de los legisladores y los debates parlamentarios así como ponerles freno a proyectos de vergüenza como los que proponen, por citar dos “joyitas”, declarar de interés nacional al chancho al palo de Huaral y tallarines de casa de Apurímac.
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De hecho, para algunos analistas un congreso bicameral, también atenuaría habituales conflictos con el Ejecutivo, porque se limita internamente; otra de las bondades es que abre la puerta para que los candidatos a la presidencia también puedan postular al Congreso, lo que elevaría el nivel político del foro y les daría liderazgo y coherencia a las bancadas.
Sin embargo, la propuesta -cuándo no el inefable Congreso mochasueldos- venía con yapa, los grupos parlamentarios que dominan el Legislativo no podían quedarse sin sacar su tajada e introdujeron en el texto su reelección parlamentaria indefinida.
Mientras en el proyecto de junio en que no lograron los votos necesarios no incluía esta figura de la reelección inmediata, ayer sí estuvo y sin duda a ello se debió que algunos congresistas que antes votaron en contra, esta vez lo hicieron a favor. Muchos de los que tienen procesos graves por los que tendrán que responder cuando dejen el cargo obviamente están felices por esta milagrosa ventana que se les abre hacia la inmunidad-impunidad.
No solo eso -y esta es otra de las trampitas de la norma-, con esta modificatoria uno de los requisitos para ser senador será haber sido congresista. Imagine a congresistas como Roselli Amurús, la de las fiestas con balazos y muerte, convertida en senadora revisando y corrigiendo proyectos de ley de los diputados.
El país urge de elevar la calidad de sus legisladores, pero no puede permitir que este fin se use como coartada para que un puñado de lobos disfrazados de corderos se perpetúen en el poder.
