Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), este año el canon minero para las regiones que gozan de este ingreso alcanzó un récord histórico de más de S/ 7,844 millones en el 2022 y Piura es uno de los departamentos beneficiados con un incremento de 427%.
A pesar de que desde hace muchas décadas nuestra región ha sido predominantemente agrícola y pesquera, desde el 2005 experimenta un incremento debido a la explotación de los fosfatos de Bayóvar por parte de la compañía minera Miski Mayo, que en julio del 2010 inició operaciones para obtener una producción anual de 3,96 millones de toneladas de concentrados de fosfatos.
Según cifras del Minem desde febrero del 2005 a febrero de este año, la empresa responsable del primer proyecto minero no metálico aporta 648,2 millones de soles al erario nacional.
De este aporte por regalías mineras, el 80% que representa un total de 245,4 millones de soles que van al Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar – FOSPIBAY; y el 20% restante (61.4 millones de soles) al Fideicomiso Social de Sechura.
A su vez por canon petrolero -según PeruPetro-, la región ha obtenido desde el año 2020 hasta marzo de 2022, más 7 mil millones de soles, de los cuales 70% va a las municipalidades provinciales y distritales, 20% al Gobierno Regional y 5% para las universidades nacionales e institutos superiores tecnológicos y pedagógicos.
Según la misma fuente este año, solo en el primer trimestre, Piura ha obtenido un monto de 138.1 millones de soles, siendo -después de Cusco- el segundo departamento que más canon petrolero recibió.
Hasta allí todo suena muy bien, el problema comienza cuando el Estado representado por los alcaldes, gobernador y sus equipos técnicos, ya sea por incapacidad o corrupción, dan un mal uso a estos recursos que a veces terminan siendo destinados a propósitos muy diferentes a su verdadera finalidad, financiar obras públicas.
En 2020, Contraloría detectó que en el GORE Piura se dispuso de S/ 2’376,193 del Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones, para pagar a personal contratado bajo la modalidad de locación de servicios. Piura pone a Contraloría y la sociedad civil el reto de fortalecer el filtro ciudadano para que esto no se repita.
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