La situación del otrora todopoderoso premier, Aníbal Torres, empezó a complicarse.

Tal parece que después del sorpresivo allanamiento de su casa de San Isidro ayer desde las 3 de la mañana, se vienen sorpresas que él no le ha querido contar al país sobre su presunta participación en el golpe del 7 de diciembre.

Es evidente que el juez supremo, Juan Carlos Checkley Soria, quien dispuso la diligencia, realmente espera encontrar información relevante que pueda ayudar con la investigación por presuntos delitos de rebelión y conspiración; si es que no la han encontrado ya, pues ayer los encargados del allanamiento se llevaron abundante documentación, computadoras y una serie de dispositivos. Es más, se ha informado que se solicitará el levantamiento del secreto de las comunicaciones para acceder a las llamadas y también a las redes sociales del expremier.

Tanta insistencia, en opinión de varios juristas, solo puede tener una explicación: existe alta probabilidad de que en poder de Torres obren una serie de pruebas como anotaciones, mensajes, etc. relacionados con el mensaje a la Nación dado por Castillo.

De hecho, ante las sospechosas similitudes entre algunos términos usados en el mensaje presidencial del 7 de diciembre y los discursos de Torres, la hipótesis del Ministerio Público es que el mensaje pudo haber sido redactado por el expremier, quien en ese momento era asesor presidencial.

Esta presunción cada vez más fuerte contradice los argumentos de Castillo, quien -según su abogado- dice que tuvo varios discursos que fueron “escritos por el pueblo” y que leyó el “más suave”.

De acuerdo al exprocurador Antonio Maldonado, la situación del expremier y exasesor presidencial se complican tras el allanamiento, porque le da al Ministerio Público un abanico de posibilidades para construir una acusación sólida e incluso para proceder a hacer detenciones si las pruebas y la situación lo ameritan.

Las cosas se ponen color de hormiga para el tristemente recordado premier pero también para su sucesora en el premierato, Betsy Chávez, quien enfrentará una acusación constitucional y ha sido suspendida en el cargo de congresista mientras se realicen las investigaciones. En los próximos días podría saberse si, como sospecha la Fiscalía, ellos dos estuvieron trás el discurso que marcó el fin de la era Castillo.

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