Piura ocupó el cuarto lugar a nivel nacional con mayor número de homicidios en 2025, al registrar un total de 160 casos, cifra que refleja la necesidad de fortalecer acciones preventivas y mejorar la respuesta institucional frente a estos hechos. Todo ello de acuerdo con el Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia del Banco de Crédito del Perú (BCP).
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“La violencia y la criminalidad generan efectos que trascienden las cifras y se traducen en costos concretos para los hogares. Inciden en la vida cotidiana al restringir la movilidad, alterar rutinas laborales y educativas, y elevar gastos asociados a seguridad, salud y transporte. Además, deterioran la convivencia y consolidan un entorno de incertidumbre que afecta decisiones clave como invertir, emprender o buscar empleo. Estos impactos tienden a concentrarse con mayor intensidad en los hogares más vulnerables, que cuentan con menor capacidad para absorber estos costos y adaptarse al riesgo”, enfatizó Germán Vega, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
Precisamente, los homicidios tienden a concentrarse en determinadas zonas de nuestra región. Según el ranking presentado, la provincia de Piura registró 84 homicidios en 2025. Dentro de esta, los distritos con mayor número de casos fueron Castilla (26), Veintiséis de Octubre (24) y el distrito de Piura (10). Asimismo, el reporte indica que la provincia de Sullana registró 52 homicidios, mientras que Talara reportó 10 casos.
“Contar con información desagregada a nivel provincial y distrital permite identificar con mayor precisión la concentración territorial de la violencia y priorizar intervenciones focalizadas. Esto facilita evaluar y anticipar sus efectos diferenciados sobre la actividad económica local, optimizando la asignación de recursos y el diseño de políticas públicas más eficientes”, señaló Vega.
Ante este contexto, es necesario fortalecer la presencia policial como parte de una estrategia integral de seguridad que eleve la capacidad de respuesta del sistema de justicia y reduzca la probabilidad de impunidad. Desde una perspectiva económica, una mayor eficacia en la persecución del delito contribuye a disminuir los costos asociados a la violencia –como la menor inversión, la pérdida de productividad y el deterioro del capital humano–.
Otro aspecto relevante es la necesidad de impulsar estrategias preventivas desde el ámbito social y comunitario, orientadas a fortalecer entornos más seguros. En esa línea, acciones como el mantenimiento de vías, la operatividad de cámaras de vigilancia, una adecuada planificación urbana, la iluminación de espacios públicos y la participación activa de la comunidad contribuyen a mejorar las condiciones de seguridad y la percepción de tranquilidad de la ciudadanía.
“La seguridad ciudadana debe asumirse como una prioridad que trascienda gestiones y articule a todos los niveles de gobierno. En una región como la nuestra, donde el comercio, el transporte y el turismo forman parte del día a día, la inseguridad afecta la tranquilidad, y también la actividad económica y las oportunidades. Esto abre una pregunta necesaria: ¿se están tomando decisiones que respondan a la magnitud del problema en los distritos más afectados? La población demanda acciones consistentes que permitan recuperar la confianza en los espacios públicos, fortalecer la convivencia y garantizar condiciones básicas para el desarrollo cotidiano de las familias piuranas”, finalizó Vega.
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