Destitución de jueces y fiscales

Destitución de jueces y fiscales

Después de algunas publicaciones y sugerencias de la comunidad jurídica nacional, el pasado viernes 14 de febrero, se publicó la Resolución Administrativa 015-2020 de la Junta Nacional de Justicia, mediante el cual aprueban el Reglamento del Procedimiento de Revisión Especial de nombramientos, ratificaciones y procedimientos disciplinarios efectuados por los exconsejeros removidos por el Congreso de la República.

Conforme a lo dispuesto en la segunda disposición complementaria transitoria de la Ley 30904, Ley de Reforma Constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, esta tiene un plazo no mayor de 18 meses a partir de su instalación -es decir, hasta agosto del 2021- para proceder a revisar de oficio o por denuncia de parte, los nombramientos, ratificaciones, evaluaciones y procedimientos disciplinarios efectuados por los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, removidos por el anterior Parlamento Nacional.

La norma administrativa, en su exposición de motivos, precisa que por Resolución Legislativa 016-2017 el Congreso de la República, se acordó la remoción de Orlando Velasquez Benites, Sergio Iván Noguera Ramos, Julio Gutierrez Pebe, Baltazar Morales Parraguez, Heberth Marcelo Cubas, Guido Aguila Grados y Maritza Aragón Hermoza, miembros del defenestrado Consejo Nacional de la Magistratura, como consecuencia de actos que configuran una situación de causa grave, en aplicación del artículo 157 de la Constitución.

A partir de la fecha, la Comisión Revisora de la JNJ tiene un arduo trabajo institucional, pues los ojos y oídos de todo el Perú estarán centradas en ella, toda vez que existe un número muy importante de jueces y fiscales cuyos casos estarán sujetos a revisión y más de uno será destituido y desde allí se marcará la pauta para conocer si estamos frente a una JNJ justa, abusiva o complaciente.

Evidentemente, de lo que se trata es de evaluar cada una de las formas de acceso, de ratificación y de procesos disciplinarios sancionadores si se han llevado a cabo, conforme a la garantía constitucional del debido procedimiento administrativo, a fin de que se tomen las acciones pertinentes, pues no cabe duda que han existido casos rodeados de una aureola de favorecimientos, pero también han existido otros con malas intenciones, de magistrados que realmente merecen continuar en el ejercicio de su cargo.


Escrito por: Edhín Campos Barranzuela
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Edhín Campos Barranzuela

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