El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el presidente interino José Jerí por presuntas irregularidades en la contratación de mujeres en Palacio de Gobierno, tras reuniones sostenidas con el mandatario. La pesquisa se enmarca en el supuesto delito de tráfico de influencias agravado.
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Según la disposición difundida por el periodista Sergio Sanabria, el caso ha sido catalogado como simple y contará con un plazo inicial de 90 días para la realización de diligencias, sin descartar una eventual ampliación.
Entre las acciones ordenadas por Gálvez figura la toma de declaración indagatoria a Jerí, programada para el lunes 2 de marzo en Palacio de Gobierno. De considerarlo necesario, el fiscal podría solicitar una única ampliación de esta diligencia, en atención a lo establecido por el Tribunal Constitucional respecto a los límites de las investigaciones preliminares a presidentes en funciones.
Asimismo, se solicitó al secretario general de la Presidencia remitir la documentación vinculada a la contratación de nueve mujeres en el Despacho Presidencial, además de las normas internas que regulan la contratación de locadores de servicios, incluidas aquellas bajo el régimen FAG.
En paralelo, la situación de Jerí también es evaluada en el Parlamento. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que de las 81 firmas presentadas para convocar a un Pleno Extraordinario, solo 29 cumplen con los requisitos formales, lo que retrasa el debate sobre su continuidad en el cargo.
De acuerdo con el artículo 50 del Reglamento del Congreso, tras la presentación válida de 78 firmas, el titular del Parlamento tiene hasta 15 días para convocar al pleno. Si no lo hace, la responsabilidad recae en uno de los vicepresidentes o en el oficial mayor.
El proceso ha generado posiciones encontradas. Mientras algunos legisladores impulsan una moción de vacancia, otros consideran viable una censura. Rospigliosi sostuvo que la vacancia es la única vía constitucional, postura respaldada por juristas como Natale Amprimo, Ernesto Blume y Óscar Urviola. Para que prospere, se requerirían 87 votos de los 130 congresistas.
Las mociones contra el mandatario se sustentan en presuntas reuniones informales con empresarios chinos, cuestionamientos por la gestión de la seguridad ciudadana y las contrataciones en el Estado. No obstante, tanto la Presidencia del Consejo de Ministros como el partido Fuerza Popular rechazan la vacancia al considerar que las acusaciones carecen de pruebas concluyentes.
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, señaló que la vacancia solo debe aplicarse ante delitos de extrema gravedad debidamente acreditados. En la misma línea, el dirigente de Fuerza Popular, Miguel Torres, afirmó que su agrupación solo respaldará esa medida si existen evidencias concretas de un ilícito.
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