Los gremios empresariales y sindicatos de trabajadores del país han unido fuerzas para rechazar enérgicamente las recientes modificaciones que el Congreso está llevando a cabo en el tema del crimen organizado. En un comunicado conjunto, difundido a través de las redes sociales de las respectivas organizaciones, se ha advertido que estos cambios legislativos podrían poner en serio riesgo la seguridad del país. A continuación, te explicamos en detalle los puntos clave de este pronunciamiento y las implicaciones de los proyectos de ley en cuestión.

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¿Qué es el proyecto de Ley 5891-2023-CR?

Modificaciones al Código Penal

El Congreso ha aprobado en primera votación el proyecto de Ley 5891-2023-CR, que introduce modificaciones significativas al Código Penal. Esta iniciativa legislativa redefine qué se considera un delito grave, limitándolo a aquellos sancionados con penas mayores a seis años. Según los críticos, esta modificación podría debilitar las investigaciones del Ministerio Público y ofrecer ventajas a las organizaciones criminales.

Impacto en la seguridad ciudadana

Los gremios empresariales y sindicatos de trabajadores, entre los que se incluyen Confiep, Adex, Construcción Civil, Capeco, Agap, Cámara de Comercio de Lima y SNI, han manifestado su preocupación de que esta ley ponga en mayor riesgo la seguridad ciudadana. Sostienen que al elevar el umbral de penas para considerar un delito como grave, muchas actividades criminales peligrosas quedarían fuera del alcance de las medidas más severas.

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Pronunciamiento de los gremios y sindicatos

Rechazo a las modificaciones del Código Penal

En su comunicado, las organizaciones expresaron su desacuerdo con la modificación que considera organización criminal solo a aquellos que cometen delitos con penas superiores a seis años de prisión efectiva. Argumentan que esto dejaría fuera a muchas organizaciones involucradas en actos de corrupción, que actualmente representan una amenaza significativa para la seguridad y la integridad del país.

Críticas a la presencia del investigado en los allanamientos

Otra de las críticas fuertes se dirige a la disposición que exige la presencia del investigado y su abogado durante los allanamientos. Las organizaciones consideran que esta medida eliminaría el elemento sorpresa crucial en las intervenciones, facilitando así el posible ocultamiento de pruebas y obstaculizando el trabajo de las autoridades.

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Argumentos y preocupaciones de los gremios

Control de la cadena de valor de la economía ilegal

Los gremios también han señalado que es «grave» considerar como requisito que las organizaciones criminales controlen la cadena de valor de un mercado o economía ilegal. Este enfoque, afirman, excluiría a quienes cometen delitos como extorsión, secuestro y asalto, actividades que generan gran preocupación y temor en la población.

Llamado a la acción del Congreso

En su pronunciamiento, las organizaciones firmantes hacen un llamado al Congreso para que considere sus observaciones durante la segunda votación del proyecto de ley. Insisten en que no se puede retroceder en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y piden un análisis más profundo de las consecuencias de estas modificaciones legislativas.

Consecuencias de las modificaciones propuestas

Efectos en las investigaciones del Ministerio Público

Las modificaciones propuestas podrían tener un impacto negativo en las investigaciones del Ministerio Público. Al limitar la definición de delitos graves, muchas investigaciones podrían verse obstaculizadas, beneficiando indirectamente a las bandas criminales que operan en el país.

Potenciales riesgos para la población

Los gremios y sindicatos advierten que si se aprueban estas modificaciones, la población podría estar más expuesta a delitos como extorsión, asalto y secuestro. Consideran que el Congreso debe actuar con responsabilidad y velar por la seguridad de todos los ciudadanos.

Reacciones y opiniones

Postura de los gremios empresariales

Los gremios empresariales han sido claros en su rechazo a las modificaciones propuestas. Consideran que estas cambios debilitan el marco legal necesario para combatir eficazmente el crimen organizado y la corrupción, factores clave para mantener la estabilidad y el desarrollo económico del país.

Opiniones de los sindicatos de trabajadores

Los sindicatos de trabajadores han expresado preocupaciones similares, destacando la importancia de mantener un sistema legal robusto que proteja a los ciudadanos y asegure la justicia. Hacen hincapié en que las modificaciones al Código Penal deben fortalecer, no debilitar, la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado.

¿Qué sigue para el proyecto de ley?

Segunda votación en el Congreso

El proyecto de Ley 5891-2023-CR aún debe pasar por una segunda votación en el Congreso. Los gremios y sindicatos esperan que sus observaciones sean consideradas y que se realicen los ajustes necesarios para evitar poner en riesgo la seguridad del país.

Posición del Ejecutivo y otras entidades

Las organizaciones también instan al Ejecutivo, al Ministerio Público y al Poder Judicial a expresar su posición sobre estas modificaciones legislativas. Creen que una postura unificada y firme es esencial para garantizar que las leyes protejan eficazmente a la población.