Por: Milton von Hesse, Director de Videnza Consultores
A principios del mes, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció al país la reactivación del proyecto hidroenergético Alto Piura.
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De manera más específica, anunció que se iba a reanudar la ejecución del túnel trasandino -que ha avanzado apenas 2km de un total de más de 13 km- y la presa Tronera Sur, que tiene una capacidad de almacenamiento de 335 MMC (millones de metros cúbicos), dejándose para más adelante los componentes 2, 3 y 4; es decir, la generación de energía hasta por 300 MW, el desarrollo de nueva infraestructura de distribución para la ampliación de la frontera agrícola en 19,000 has en el valle nuevo y, finalmente, la infraestructura hidráulica para mejorar el riego en 31, 000 has del valle viejo.
Este tercer intento de ejecución del componente 1 del proyecto demandará del fisco la suma de 942 millones de soles que se sumarán a lo ya ejecutado del proyecto que asciende a los 611 millones de soles según la consulta amigable del MEF.
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Más allá de la alegría que este anuncio ha generado a los piuranos, resulta imprescindible que su ejecución se realice de la manera más eficiente posible de forma que luego no tengamos que lamentar un tercer fracaso en la ejecución de la presa y el túnel, recordando que hubo un primer intento con la contratación de la empresa Camargo Correo y, luego, un segundo intento que estuvo a cargo del consorcio conformado por OBRAINSA y Astaldi. Hay que empezar por lo obvio que consiste en actualizar el estudio de factibilidad que tiene una antigüedad de más de tres décadas durante las cuales se han registrado importantes cambios estructurales en el país que podrían haber afectado las características iniciales del proyecto.
Es imprescindible tener una mirada actualizada del conjunto de componentes, su actualización en costos y tener claro como se va a financiar el proyecto (¿Serán suficientes la venta de tierras nuevas y la venta del agua para asegurar su sostenibilidad operativa?).
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Algunas definiciones importantes que merecen tomarse con calma y evaluarlas a la luz de los resultados obtenidos en otras irrigaciones que se han hecho en el Perú (San Lorenzo, Majes I, Chavimochic I y II, Chinecas, Chira Piura, Olmos I y II, entre otras) tienen que ver con: ¿Se va a ejecutar como obra pública tradicional, por la modalidad gobierno a gobierno o por asociación público privada? ¿Se va a encargar su ejecución al GORE Piura a través del PEIHAP o al gobierno nacional sea con alguna unidad ejecutora en el MIDAGRI, de la recientemente creada y sin experiencia ANIN de la PCM o de la más experimentada Proinversión del MEF? ¿Se buscará el desarrollo de una agricultura empresarial de impacto para las tierras nuevas o se prefiere una agricultura familiar de menor escala? ¿Se actualizará la tarifa de agua en el valle viejo para asegurar el financiamiento de la operación y mantenimiento o los agricultores del valle nuevo subsidiaran a los del valle viejo? ¿Se convocará a una empresa privada para que se haga cargo de la operatividad integral del sistema o se le encargará al PEIHAP? Estas y otras interrogantes serán fundamentales para poder prever si este proyecto emblemático será exitoso o, en su defecto, correrá la suerte de aquellos que no han podido trascender en el tiempo.