Durante los años del Virreinato español funcionó, en Lima, el Tribunal de la Santa Inquisición que actuó con extrema ferocidad y fría impiedad contra los desgraciados vecinos que fueron acusados de herejía, brujería o actividades judaizantes. Generalmente el que era investigado muy pocas veces se libraba de las acusaciones y de la muerte.

Ahora resulta que al parecer los espíritus de estos temidos inquisidores se han saltado una cuadra, desde el local de la Inquisición en la Plaza Bolívar hasta el Congreso, para instalarse en los escaños. Como recientemente se ha podido ver, durante reciente y maratónica sesión, el acusado de “incapacidad moral permanente” era nada menos que el actual Presidente de la República. Juzgado en ausencia en esa asamblea, tal como se hacía también en la oprobiosa Inquisición, estos aprendices de jueces se lanzaron allí a la emisión de acusaciones terribles de corrupción y otras imputaciones contra el jefe del Estado quien si bien podía, efectivamente, ser investigado por sus actos de gobierno debido, entre otros cargos a sus inexcusables errores de no saber escoger bien a sus cercanos colaboradores, no era pues autor de algún crimen de lesa humanidad. Estaba juzgado bajo la imputación constitucional de “incapacidad moral permanente” cuya definición axiológica está aún en veremos.

Menudearon las diatribas y los insultos (provenientes de algunos congresistas que por ética personal dado su historial no podían actuar como inquisidores ni hablar de moral o de corrupción) ofreciendo entre todos -ante los ojos de la ciudadanía- un espectáculo bochornoso indigno de la tradición de hidalguía republicana ennoblecida por tribunos de la talla de don José Gálvez y muchos otros señores congresistas en el verdadero sentido de este término. No faltó quien, a inspiración del siniestro espíritu del tristemente célebre inquisidor Torquemada, osó pedir la pena de muerte para quien, de acuerdo a la Constitución, encarna a la nación peruana.

Este lamentable desborde de arrogancia y también de ignorancia básica en materia de legislación; de falta de pudor para tirar piedras teniendo el tejado de vidrio y de práctica de la lectura para trasmitir bien el contenido del papel escrito que tenían en sus manos, debe alertar a los ciudadanos que votarán votar en las próximas elecciones generales. El pueblo merece ser representado por personas ilustradas, decentes y con cultura jurídica básica. Para ello tenemos en este país una cantera enorme de ciudadanos con sentido común y poseedores de buena ejecutoria personal. Todo dependerá entonces de la decisión mayoritaria de nuestro pueblo.