En varias oportunidades en la gestión de los gobiernos se ha anunciado con bombos y platillos la reforma del sistema judicial peruano para convertirlo en uno moderno, ágil, compatible con la realidad social y económica del Perú. Los logros saltan a la vista porque en realidad sí se han introducido cambios importantes al interior del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, pero en el sistema carcelario subsisten gravísimas situaciones de los penales que son ahora, por un lado, escuelas del delito y, por otro: prisiones de carácter expiatorio.
La nueva ministra de Justicia Ana Neyra Zegarra llega con las pilas puestas, comprometida a impulsar la reforma judicial y del Ministerio Público. La lucha contra la corrupción, la lentitud desesperante de la administración de justicia en todos los niveles desde los juzgados de paz letrados hasta la Corte Suprema, la superpoblación de los establecimientos carcelarios, lo obsoleto e ineficaz de algunos códigos y leyes orgánicas que están vigentes desde hace años y muchos otros problemas constituyen parte de la agenda de la titular del MINJUS. Sin embargo, propósito para la obtención de metas tendrá que ser necesariamente, coordinado con otros organismos del Estado. Caso contrario, concluirá la gestión del actual Ejecutivo y todo quedará igual o peor.
Uno de las carencias urgentes es, por ejemplo, el nombramiento de magistrados titulares en todas las instancias. Hay demasiados jueces y fiscales provisionales incluyendo de manera preocupante a los magistrados de la Corte Suprema y de la Fiscalía de la Nación. Superada la corrupción imperante en el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, con la aparición de la Junta Nacional de Justicia, la ministra Neyra deberá hacer palanca para que se cubran las plazas vacantes mediante los procedimientos legales vigentes pero en el más corto plazo. El Poder Judicial y el Ministerio Público requieren de sangre nueva y de funcionarios nombrados. El país lo reclama.
También corresponde al MINJUS proponer al Congreso la formación de comisiones revisoras de los códigos que están en vigencia que corresponden a una realidad nacional diferente en muchos sentidos a la que existe en el Perú. La legislación es básica para que las labores en los fueros de justicia cuenten con ordenamientos jurídicos concordados y expeditivos.
