¿Qué significa la “declaración en emergencia” de las vías nacionales que el Ejecutivo ha proclamado? ¿Significará que la Policía empleará proyectiles de goma o que se impondrá la fuerza (de la ley) en las carreteras? ¿O querrá decir que se instalará una muy necesaria mesa de diálogo en las regiones alzadas?

No podemos olvidar que la gestión de Dina Boluarte es, a pesar de sus cuadros técnicos y su maquillaje de democracia, una continuación del de Pedro “el Breve” Castillo, y aún lucha por darse a sí mismo una identidad de cara a la ciudadanía. Quizás no falten las ganas de entrar, rastrillar y disparar en clara concordancia del ADN autoritario del gobierno.

Pero Dina sale a hablar con la prensa y promete el diálogo, abusa del término “hermanos” para dar un mensaje de fraternidad más allá de los colores políticos y desliza la posibilidad de convocar elecciones hechas a la medida de la turbamulta. Acto seguido, insiste en los aspectos técnicos que impiden llegar al ideal perseguido por las masas y nuevamente, como poderoso anestésico, Dilma vuelve a invocar posibilidades que quizás no serán.

Esta ambigüedad de discurso es un arma política, y la presidenta sabe cómo usarla para ganar tiempo y reducir las probabilidades de más fallecidos -recordemos que al presidente Manuel Merino, por menos se lo obligó a renunciar-.

Lo importante ahora es que el Gobierno aproveche esta nueva coyuntura de la emergencia para elaborar una salida eficaz a la crisis, sin salirse del marco constitucional. Los enfurecidos manifestantes deben conocer que la Constitución establece que el mínimo plazo para convocar y preparar nuevas elecciones es de 270 días. Nueve meses. Mientras esta Constitución no haya sido derogada, sus plazos siguen vigentes.

Debemos aprender a vivir en un país que establece normas para una convivencia social segura y para que los actos políticos no carezcan de legitimidad. Pensemos en el ejemplo que nos da Pedro Castillo, que irresponsablemente promueve la violencia desde su prisión y en esas cartas escritas de puño y letra en las que todavía se denomina presidente constitucional -la más bárbara contradicción- a pesar de ser un golpista. Ilegítimo por donde se le mire. El nuevo Gobierno tiene un país que rescatar.

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