¡Basta ya de educativas y evasivas maneras de tratar con las autoridades, como si éstas nos hicieran un favor, como si no fuera obligación de nuestros gobernantes, congresistas y representantes trabajar por nuestra felicidad colectiva en vez de sumirse en una clamorosa y criminal indiferencia!
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La marcha del último sábado pudo tener un mejor resultado si la participación hubiera sido mayor, pero, evidentemente, no se puede culpar a la ciudadanía del fracaso constante en las gestiones para tener mayor vigilancia en las calles; ni se puede decir que la ausencia de algunas autoridades en esta u otras manifestaciones tiene incidencia directa en las medidas que se dicten contra los homicidas y delincuentes extranjeros.
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Todo eso, más allá de las expresiones o el clamor cívico, depende de nuestros políticos, de que se diseñen los mecanismos para garantizar la paz y la seguridad. Piura y Sullana no pueden seguir en la cúspide de la criminalidad regional solo porque las medidas urgentes son estudiadas y reestudiadas hasta el cansancio. Acción inmediata es lo que demanda el país y la región en particular.
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En los últimos días -y en nuestra presente edición- se han lanzado propuestas interesantes, como la adquisición del parque automotor para la Policía y el establecimiento de un laboratorio de criminalística. Ciertamente, el fortalecimiento de la acción policial es básico para doblegar el poder de las mafias de extorsionadores y sicarios que se han apoderado de las principales ciudades y han impuesto a la población un régimen de terror vestido de préstamos, llamadas, amenazas y, por fin, muerte.
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Sin embargo, parece que el mismo Gobierno no está muy interesado en hallar una solución a la inseguridad. Ni siquiera han resuelto lo que se debe hacer con los venezolanos, colombianos y ecuatorianos que han ingresado al país irregularmente y que son parte del ejército del hampa.
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¿Expulsarlos o juzgarlos en el Perú? El tiempo apremia y es necesario que nuestra presidenta o sus ministros digan qué es lo que corresponde hacer con los criminales.
Esperemos que no sean necesaria otra marcha, sino que las solas gestiones de las autoridades regionales tengan el efecto anhelado.