No es difícil ponerse en los zapatos de los pobladores del La Unión, el corazón del Bajo Piura, y sentir la rabia e impotencia al ver por casi 11 años una obra de saneamiento inútil, en la cual se despilfarró parte de los 47 millones de soles que se destinó para que más de 17 mil pobladores tengan agua y alcantarillado en sus casas.
Es por eso que habría de entender que frente a la pasividad de las autoridades en hacer justicia y la burocracia del gobierno para poner en práctica una solución por 10 años esperada, no les quede otra alternativa que el bloqueo de las pistas. Una medida drástica que no solo desafía a la ley, sino que perjudica al resto de población, negocios y empresarios que nada tienen que ver con este conflicto.
No es la primera vez que la población protesta y bloquea pistas por este proyecto ni será la última, por lo que las autoridades deberían esforzarse por otorgarles ese derecho constitucional como es el acceso al agua potable y a la salubridad. No está demás advertir que en esta época electoral, los protestantes deberían estar atentos, para que no se dejen manipular políticamente generando el caos en el Bajo Piura.
