El robo, sustracción, evaporización o desaparición misteriosa del combustible de los vehículos en el sector estatal siempre ha sido (y seguirá siendo) una veta de oro para quienes administran, reparten o reciben la dotación mensual de gasolina o petróleo. El combustible es un bien apetecible, fácil de negociar; reporta ingresos rápidos y hasta hace ricos a algunos.
Por eso no es de extrañar la incursión de la Fiscalía de Prevención de Delitos en Piura, buscando pistas de compra y venta ilegal de combustibles; pesquisas que debería ampliarse a otros sectores, pues esta es una vieja argucia que se practica en municipalidades; direcciones regionales; Gobierno Regional y hasta en la Policía, donde siempre falta gasolina para las emergencias.
Tampoco es novedad que los vales de combustibles que el Estado entrega a las dependencias públicas aparezcan en manos de taxistas y empresas privadas de transporte.
Pero no solo se negocia el combustible, también se favorece a las empresas que abastecen, pues hasta las licitaciones tienen el sello indeleble del aprovechamiento y la corrupción en muchas regiones del país.
