El criminal asesinato de 16 personas perpetrado el último domingo en la zona del Vizcatán del Ene, provincia de Satipo, región Junín, toca uno de los nervios más sensibles de los peruanos que de inmediato hemos vuelto la mirada a la oscura época instaurada en los 80 por Sendero Luminoso, que acabó con la vida de más de 60 mil peruanos, siendo necesarias dos décadas de lucha para descabezar a esta banda asesina con las armas de la democracia y la ley.

Frente a esta nueva masacre nuestro rechazo a la violencia ha de ser rotundo. Condenar este tipo de acciones y exigir a las autoridades una exhaustiva investigación para identificar y sancionar a los responsables es por ahora la mejor manera de rendir homenaje no solo a estos 16 nuevos héroes de la democracia, sino a los miles de hombres y mujeres cuyas vidas segadas por el odio y el terror, siempre serán el alto precio de la paz alcanzada por el Perú en las últimas décadas del siglo pasado.

De la misma forma en que no podemos tolerar la violencia venga de donde venga, hemos de repudiar con firmeza el aprovechamiento político por parte de algunos seudodemócratas a quienes poco o nada les importa el dolor de los familiares de las víctimas, y simplemente las usan de peldaño para sumar adeptos a su ideología del odio y desprecio por las libertades y los derechos.

Confiamos en que, tal como ya lo han demostrado, la Policía Nacional y el Ministerio Público lograrán en el más breve plazo identificar, capturar y llevar a los tribunales a estos remanentes senderistas que, financiados por el narcotráfico, en cada elección intentan desestabilizar a nuestro país en momentos en que los ciudadanos nos preparamos para elegir a las nuevas autoridades del Gobierno.

En consecuencia, acudir masivamente a las urnas este 6 de junio y expresar nuestra voluntad popular es la mejor manera de decir no a los criminales y enemigos de la democracia.

Tal como señala en esta edición el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, controlar y poner tras las rejas a esta banda criminal focalizada en el Vraem no implicará más de seis meses, siempre y cuando el Gobierno que asuma este año tenga la firme voluntad política para hacerlo actuando dentro del marco democrático.