Brenda Sparrow, gerenta de asuntos legales y regulatorios de ComexPerú, explica cómo la ineficiencia del Estado genera problemas desde la formalización de una tienda hasta en la lucha contra el crimen.

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– ¿Hay algún avance en la reforma del Estado?

Es importante enfocar el problema que se busca solucionar cuando se habla de una reforma del Estado. La ciudadanía percibe al Estado como ineficiente y con muchos espacios para la corrupción.
Está compuesto por cientos de entidades, ministerios y oficinas que en lugar de hacerlo más ágil y útil para resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía como la inseguridad, desempleo y falta de servicios básicos, lo que hace es volver el Estado más lento y burocrático. Por un lado se afecta a los ciudadanos en la provisión de servicios y a quienes buscan emprender y hacer negocios en el Perú.

– ¿Cómo se manifiesta esto en la inseguridad?

Hay muchas dependencias que tienen competencia para ejecutar los planes, pero al final no hay una coordinación efectiva para la implementación de los mismos. La mayoría de las veces trabajan cada una por su lado, tienen recursos limitados o no comparten información entre sí. Esto reduce el impacto de las acciones. Tienes al ministerio, Gobierno Regional, gobiernos locales, Ministerio Público, Poder Judicial y Ministerio de Justicia. Todos tienen un nivel de involucramiento, pero no hay una verdadera asignación de funciones.

– ¿Cuáles son las consecuencias?

A pesar de todas las medidas que se adoptan, los planes y reuniones en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, no hay resultados y no hay quien lidere el tema.

– ¿Cuál es el impacto en el servicio de salud pública?

En Piura podemos ver que el 97% de los centros de salud de primer nivel tienen una capacidad instalada inadecuada y el caso hospitales, el 100% no tiene una capacidad instalada adecuada. Esto significa que estamos ante infraestructura precaria, equipos obsoletos, falta de personal, desabastecimiento de medicinas, largas colas para citas. Aquí se necesita la priorización para asignar el presupuesto [adecuado]. [La inversión en hospitales en el proceso de reconstrucción] no es suficiente.

– ¿Cómo está la ejecución del presupuesto?

El Gobierno Regional de Piura ejecuta solamente el 70% en determinadas carteras. El problema es que cuando no se ejecuta en el año, se pierde ese dinero. Ahí hay que hacer el ejercicio de cuántos hospitales o postas se podrían crear o implementar mejor si es que ese dinero se ejecutara y asignara en lo que se necesita.

-¿Cómo la falta de reforma del Estado frena la inversión?

En Piura y a nivel nacional es un verdadero desafío sobre todo para las pequeñas y medianas empresas poder emprender. Lejos de facilitar o allanar el camino, las autoridades complican el tema con la burocracia ilegal e irracional.

– ¿A qué se refiere?

Es cuando una municipalidad te pide requisitos que van más allá de la ley. Te piden aspectos innecesarios o no reflejan la realidad. Exigen aspectos de grandes empresas a un pequeño negocio que no está en capacidad de cumplirlo. […] En Defensa Civil sí es necesario adoptar ciertas medidas preventivas, pero no vamos a poner requisitos que aplican para grandes empresas, a locales comerciales de 20 m². Lo que urge es formalizar y si creas requisitos que no reflejan la realidad, no vas a tener una formalización. Actualmente, a nivel nacional el 80% de los ciudadanos no se formalizan.

-¿Cuáles son los aspectos clave en una reforma del Estado?

Tenemos tres razones que necesitan ser superadas en una reforma. La excesiva regulación y tramitología frenan la formalización y la inversión; la inseguridad jurídica, que tiene que ver con los constantes cambios normativos y no hay reglas de juego claras; y uno de los aspectos más importantes es la mala gestión pública con la baja ejecución de presupuesto.

– ¿Una solución sería la fusión de ministerios?

Desde el Ejecutivo y Congreso […] enfocan la reforma del Estado con una fusión de ministerios. Hablaron de fusionar el Mincetur con Produce y que las funciones de Mincetur pasen a ser parte de Relaciones Exteriores (Cancillería). Esto lo vemos como muy peligroso. En una región como Piura podrán entender que las políticas de exportación deben ser apoyadas por los beneficios económicos que hoy vemos. Si esta fusión se da, y pasa a ser parte de Cancillería, las políticas de agroexportación podrían verse afectadas e impactar negativamente en la economía. Hay que tener mucho cuidado con las fusiones que se quieran dar. No se trata de reducir entidades como en Argentina sino hacerlo de manera consciente y ver cuáles son las funciones que se superponen. Sí puede ser el caso de ministerios como Inclusión Social y Desarrollo con Ministerio de la Mujer en el que sí pueden haber funciones complementarias que se pueden fusionar, pero no ocurre en todos los casos.

– Se planteó el ministerio de Infraestructura ¿Qué opina?

En el caso de la región de Piura hay muchas brechas por cerrar. Hay más de 130 obras paralizadas por un valor 2.500 millones de soles y también se puede ver que más del 26% de las carreteras nacionales están en mal estado […] [La solución] no pasa por crear un nuevo ministerio de Infraestructura.Pasa por ver que las leyes y autoridades que ya existen cumplan con su función de manera eficiente. Se creó la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), no han pasado ni dos años, no se han medido resultados, y ya se está pensando en crear una nueva autoridad. La solución no pasa por crear nuevas autoridades sino porque hacer que las autoridades que ya existen, sean más eficientes en la ejecución de presupuesto y en cumplir las leyes.

– ¿Cómo afectan al Estado las economías ilegales?

Eso es una lucha bastante importante que se tiene que dar de la mano de las autoridades de seguridad ciudadana. Hay muchas acciones pendientes en el caso de la minería. Lo que decimos es que el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), es como un paraguas para las economías ilegales, no para los informales sino para quienes ejercen actividad ilegal. Tiene que tener un fin este registro, pronto, y dictar normas en el que se definan las competencias para que haya una coordinación más efectiva de todos los ministerios, Policía y autoridades involucradas en combatir las actividades ilegales que están presentes en el norte del país.