Una de las más emblemáticas promesas de campaña del hoy mandatario Pedro Castillo fue la de reducirse el sueldo, para ganar un salario de maestro.

Sin embargo, ahora el jefe de Estado recibe un salario mensual de S/16,000. Es más, en diciembre se le abonó S/32,000 al sumarse la gratificación. En total, en lo que va de su gestión, el gobernante ha gozado de S/97,600 en remuneración. Casi S/100 mil.

Cuestión de decidir

Han pasado cinco meses desde que tomó el poder, pero Castillo poco ha hecho para cumplir con su anuncio. Y no es que una promesa así de populista y efectista se celebre si se cumple.

Mucho menos a nivel de la alta gestión, en donde se requieren cuadros calificados que no irían al Estado por bajos sueldos.

Algunos ministros, como el titular de Justicia, Aníbal Torres, le siguieron el juego a Castillo. En agosto, Torres dijo que “voluntariamente” los miembros del gabinete habían accedido a rebajar en 50% sus ingresos, de S/30,000 a S/15,000.

No obstante, bajarse la remuneración no es una tarea difícil para el jefe de Estado –que usó el tema para ganar votos–, si realmente se lo propusiera.

“Si quisiera, el presidente podría emitir un decreto de urgencia para reducirse el sueldo en el contexto del COVID-19 (para usar ese dinero en la lucha contra el coronavirus), podría estar vigente por un año y luego actualizarlo por otro año más y así mientras dure la emergencia sanitaria; o podría poner como marco todo su mandato. Solo el mismo presidente podría oponerse a eso”, explicó a Perú21 el abogado laboralista Jorge Toyama.

Vías

Para el especialista, hay tres vías legales a las que puede recurrir Castillo: una ley aprobada por el Congreso, el decreto de urgencia o que el salario que reciba lo destine a un fin social.

Actualmente, existe un proyecto de ley en ese sentido presentado por el legislador oficialista Alfredo Pariona. Aunque hay un detalle: la propuesta de Pariona es que todo alto funcionario fije su salario a S/15,600, en línea con el del presidente de la República.

La iniciativa se encuentra en la Comisión de Presupuesto y ha recibido opiniones técnicas de algunas entidades públicas. Una de ellas ha sido el BCR. Su titular, Julio Velarde, sustentó que esta propuesta promueve “una fuga de talentos” que podría generarle costos significativos al Estado.

Otra postura en contra del proyecto es de la Asamblea General de Gobiernos Regionales, que recoge el mismo argumento.

Respecto a la tercera posibilidad referida por Toyama, se desconoce si Pedro Castillo destina parte de sus ingresos para fines sociales. Al menos no lo ha hecho público, aunque la transparencia no es una característica de este gobierno.

Vía: Perú 21

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