El Poder Judicial ha extendido por 14 meses el mandato de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, quien enfrenta acusaciones por el presunto delito de rebelión en relación con el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Este acto, por el cual Castillo podría recibir una condena de 34 años de prisión, ha sido motivo de diversas evaluaciones judiciales.
LEE TAMBIÉN ►Pedro Castillo sobre intento de golpe de Estado: «Simplemente leí un documento sin ninguna consecuencia»
El pasado jueves 6 de junio, se llevó a cabo una audiencia para evaluar la solicitud de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, la cual había pedido 18 meses de prisión preventiva adicionales. En la resolución emitida el viernes 7 de junio, el juez Juan Carlos Checkley decidió aceptar parcialmente esta solicitud.
El juez Checkley determinó que el periodo de 18 meses solicitado por la fiscal adjunta suprema Galinka Meza no era proporcional. Considerando la etapa intermedia del proceso y el tiempo necesario para un posible juicio oral, así como la cantidad de acusados (ocho en total), el juez concluyó que un plazo de 14 meses era más adecuado. Este periodo se computará desde el 7 de junio de 2024 hasta el 6 de agosto de 2025.
Es importante señalar que la medida original de prisión preventiva, impuesta en diciembre de 2022, venció el jueves 6 de junio. No obstante, Pedro Castillo también enfrenta una segunda orden de prisión preventiva por 36 meses, en relación con los presuntos delitos de organización criminal y corrupción, vinculados a los casos Puente Tarata, PetroPerú y Anguía.
LEE TAMBIÉN ► Un ataque de Rusia con misiles deja cinco muertos y al «castillo de Harry Potter»
En su resolución, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria mencionó que existe un «potencialmente factible» riesgo de fuga si se determinara una medida distinta a la prisión preventiva. Este riesgo se basa en la posibilidad de que el Gobierno mexicano le otorgue asilo, evidenciado por la visita de un diplomático a la sede de la Diroes y el ofrecimiento de asilo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Además del delito de rebelión, Pedro Castillo está acusado por el Ministerio Público de abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, en perjuicio del Estado y la sociedad. Desde diciembre de 2022, se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, en Ate.
