Medida inmediata. El Gobierno promulgó el Decreto Legislativo N.º 1338, mediante el cual se crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles con fines de seguridad. Esta iniciativa busca prevenir y combatir el comercio ilegal de celulares, además de reforzar la seguridad ciudadana.
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A partir del 14 de febrero, entrará en vigencia un tope en la cantidad de líneas móviles que puede tener una persona en el país. Según la norma, cualquier persona natural —sea peruana o extranjera— podrá tener registradas hasta un máximo de siete servicios públicos móviles a su nombre, sin importar la empresa operadora que los brinde, salvo que el reglamento establezca alguna excepción.
La disposición apunta principalmente a frenar delitos como la extorsión. Sin embargo, también precisa que quienes ya tengan siete líneas no podrán contratar más desde la fecha indicada.
El papel de Osiptel
Desde el 14 de febrero, los usuarios no podrán registrar más de siete líneas móviles bajo su titularidad. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) será el encargado de verificar cuántas líneas tiene cada persona. Si se supera el límite permitido, solicitará a la empresa operadora correspondiente que dé de baja las líneas excedentes, siguiendo el procedimiento y los plazos que establezca. Además, se garantizará que el usuario pueda elegir cuáles líneas conservar.
Por su parte, las operadoras deberán comprobar, antes de contratar un nuevo servicio, cuántas líneas mantiene registradas el solicitante. Si se excede el máximo permitido, no podrán concretar la contratación.
¿Qué ocurre con quienes ya superan el límite?
La norma no contempla sanciones para quienes, antes del 14 de febrero, ya tengan más de siete líneas a su nombre. Estas personas podrán conservar las líneas que actualmente poseen, pero no podrán adquirir otras adicionales.
En consecuencia, si alguien involucrado en actividades ilícitas tuviera más de siete líneas registradas, podrá mantenerlas. El decreto no especifica cómo se procederá en esos casos. Incluso, el reglamento que se emita podría contemplar excepciones que permitan superar el límite en determinadas situaciones.
Sanciones por incumplimiento
El decreto establece que el incumplimiento de lo dispuesto en sus artículos y en el reglamento constituirá una infracción administrativa. En ese sentido, corresponderá a Osiptel determinar las faltas y aplicar las sanciones pertinentes, de acuerdo con sus competencias como ente regulador del sector telecomunicaciones y conforme al marco legal vigente.
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