El Ministerio Público ha expresado su preocupación y desacuerdo con los decretos legislativos promulgados por el gobierno de Dina Boluarte, los cuales otorgan a la Policía Nacional la capacidad de llevar a cabo investigaciones preliminares sin la intervención de la Fiscalía. Esta controvertida medida ha generado tensiones entre los poderes ejecutivo y judicial, desencadenando incluso la evaluación de acciones legales por parte del Ministerio Público.
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Evaluación de acciones legales
El Ministerio Público, mediante un comunicado oficial, ha anunciado que está evaluando la posibilidad de interponer acciones legales contra los decretos legislativos promulgados sin su previa consulta. La Fiscalía sostiene que estas medidas vulneran las funciones constitucionales que le son atribuidas.
Falta de consulta al Poder Judicial
En el comunicado, se destaca que la Fiscalía no fue convocada por el Poder Ejecutivo para expresar su opinión respecto a estas medidas, lo cual genera un ambiente de descontento en la entidad encargada de la acción penal en el país.
Argumento Constitucional
El Ministerio Público subraya que la potestad policial para la investigación del delito, consagrada en el artículo 166 de la Constitución Política, no puede interpretarse de manera aislada. Se hace referencia al inciso 4 del artículo 159, que establece la obligación de la Policía Nacional de cumplir los mandatos de la Fiscalía, vinculando así ambas instituciones en el proceso de investigación.
Decretos legislativos y respuestas del Gobierno
La presidenta Dina Boluarte presentó el pasado sábado el Decreto Legislativo N° 1605, el cual modifica 30 artículos del Nuevo Código Procesal Penal. La finalidad, según Boluarte, es optimizar el marco legal que regula la investigación del delito, permitiendo a la Policía Nacional intervenir en la etapa preliminar sin afectar las atribuciones del Ministerio Público.
Opiniones a favor
Boluarte resaltó que este decreto marca un hito en la lucha contra la delincuencia y organizaciones transnacionales. La presidenta asegura que la Policía recupera facultades plenas para investigar delitos en la etapa preliminar, coordinando sus esfuerzos con la Fiscalía y demás operadores de justicia.
Desafíos planteados
La declaración de Boluarte plantea interrogantes sobre cómo se coordinarán las acciones entre la Policía y el Ministerio Público, así como sobre la efectividad de este nuevo marco jurídico en el sistema nacional de seguridad ciudadana.
