El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, sostuvo que desde el Gobierno se contempla, entre otras medidas, la declaratoria en emergencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), como parte de la lucha contra la delincuencia.
Sostuvo que, durante los últimos operativos en centros penitenciarios del país, han podido comprobar que los cabecillas de organizaciones criminales «operan cómodamente» desde dichas instalaciones e incluso tienen acceso a internet mediante antenas clandestinas.
«Es una de las medidas que sí se está contemplando (declarar en emergencia el INPE). Cuando uno entra en la batalla, no puede comenzar a evaluar y a sustituir a aquellos que están en la primera línea de lucha», declaró Álvarez a Panorama.
Con respecto al uso del polígrafo para garantizar la probidad de los agentes penitenciarios, el jefe del Gabinete sostuvo que con ello no se podría probar la comisión de un ilícito pero sí se podría obtener indicios para iniciar una eventual investigación contra un guardia, o incluso contra personal policial o militar.
Indicó, sin embargo, que lo esencial con respecto a la situación en las cárceles es iniciar la distribución de aquellos presos de alta peligrosidad y aislarlos de los delincuentes comunes. Según refirió, el objetivo es trasladarlos a penales como Lurigancho o Ancón, donde el personal tiene mayor experiencia en el manejo de reos peligrosos.
Estado de emergencia
De otro lado, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) descartó que se vaya a decretar el toque de queda en Lima, Callao o alguna otra región, al señalar que esta medida no serviría para atacar la extorsión, que es el principal delito que afecta a la ciudadanía, y más bien se termina perjudicando al comercio y al turismo.
Destacó también que hasta el momento se han logrado algunos objetivos iniciales, como la captura de un importante número de criminales pertenecientes a diferentes bandas.
Añadió que el problema está en conseguir todas las pruebas y lograr las sentencias condenatorias para estos delincuentes antes de que sean liberados. En esa línea, Álvarez Miranda informó que van a solicitar al Congreso facultades para emitir decretos legislativos que permitan «subsanar esas deficiencias del sistema jurídico».
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