La Fiscalía de la Nación ha dado un paso decisivo en el caso conocido como ‘Mochasueldos’, presentando una denuncia constitucional contra la congresista de Alianza para el Progreso (APP), Magaly Rosmery Ruiz Rodríguez. Esta denuncia la señala como presunta autora del delito de concusión, en concurso real con el delito de colusión agravada en agravio del Estado, según informes del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.
El caso tomó notoriedad a principios de marzo cuando el comunicador Carlos Marina Puscán acusó a la legisladora de cobrar S/1,500 mensuales por trabajos en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, que presidía. Según la denuncia, los pagos eran canalizados a través del asesor principal de la congresista, Jony Romero.
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Carlos Marina Puscán, quien fue contratado como auxiliar de la mencionada comisión, reveló que los pagos se realizaban en efectivo, dentro de sobres cerrados y en un ambiente a puerta cerrada. Estos testimonios arrojaron luz sobre presuntas prácticas irregulares dentro del entorno laboral de la congresista Ruiz.
📢 Fiscalía de la Nación presenta denuncia constitucional contra la congresista de la República, Magaly Rosmery Ruiz Rodríguez. pic.twitter.com/0Wfv304LB8
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 24, 2024
Es importante destacar que este no es el primer escrutinio al que se enfrenta Magaly Ruiz. En junio del año pasado, fue denunciada ante la Comisión de Ética por el mismo caso, siendo finalmente sancionada con una amonestación escrita pública y una multa equivalente a 30 días de remuneración.
Ahora, la Fiscalía ha elevado el nivel de las acusaciones presentando una denuncia constitucional que incluye, además del caso ‘Mochasueldos’, la imputación de presuntos delitos como tráfico de influencias agravado, negociación incompatible y patrocinio ilegal. Las investigaciones también involucran a Richard Rojas Gómez y Alex Junior Rojas Gómez, quienes habrían participado en reuniones con la parlamentaria y uno de sus trabajadores para coordinar acciones.
Este nuevo desarrollo en el caso ‘Mochasueldos’ refuerza el compromiso de las autoridades con la lucha contra la corrupción y la transparencia en la función pública, y sugiere que las investigaciones están lejos de concluir.