El 31 de mayo, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, decidió cerrar la investigación que implicaba al expresidente Martín Vizcarra respecto a la adquisición de pruebas rápidas para COVID-19. Sin embargo, un informe reciente de Punto Final revela la existencia de una pericia crucial que podría poner en duda esta determinación.
Según el mencionado informe, el documento enviado al despacho fiscal detalla posibles irregularidades en el proceso de compra de más de un millón y medio de pruebas rápidas durante marzo de 2020.
La pericia señala que el estudio de mercado habría sido manipulado, sugiriendo que las invitaciones a proveedores fueron enviadas después de haber seleccionado a la empresa proveedora, lo cual contradice los principios de transparencia y competencia en las adquisiciones públicas.
Este hallazgo es particularmente relevante dado el contexto en el cual se realizaron las compras, bajo la presión urgente de la pandemia y las críticas por la calidad y eficacia de las pruebas adquiridas. La rapidez con la que se ejecutaron estos contratos, sin un sustento técnico adecuado, ha sido motivo de preocupación entre la población y los expertos en salud pública.
¿Qué implicaciones tiene el informe de la pericia?
El informe de la pericia fue entregado al fiscal Villena el 24 de abril, un mes antes de que él decidiera archivar el caso. Según el documento, las posibles irregularidades podrían haber generado un perjuicio económico estimado en 23 millones de soles para el Estado peruano. Esta cifra refleja las implicaciones financieras significativas de las decisiones tomadas durante la emergencia sanitaria.
El proceso de adquisición de las pruebas rápidas también ha sido objeto de escrutinio debido a las circunstancias en las que se realizaron las contrataciones. El 18 de marzo de 2020, una reunión crucial en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no contó con la presencia de la entonces ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza. Esta omisión plantea interrogantes sobre la transparencia y la inclusión de todos los actores relevantes en las decisiones de salud pública.
Según declaraciones posteriores de Hinostroza, ella no fue informada ni convocada a esta reunión, lo que sugiere una posible exclusión intencional por parte de Vizcarra y otros altos funcionarios. Esta falta de transparencia en el proceso de toma de decisiones ha alimentado las sospechas sobre la gestión de la emergencia sanitaria y las prioridades establecidas durante la misma.
¿Cómo afectó la rapidez en las invitaciones a los proveedores?
Además, la rapidez con la que se enviaron las invitaciones a las empresas proveedoras benefició a las empresas que ya habían sido preseleccionadas, según reveló Flor de María Mas Tejada del MEF. Esta práctica podría haber comprometido la competitividad y la equidad en el proceso de licitación pública, elementos cruciales para asegurar una gestión adecuada de recursos públicos.
Ante estos nuevos elementos presentados por la pericia, la procuraduría ha instado a la Fiscalía a reconsiderar su decisión de archivar el caso contra Martín Vizcarra. La reunión programada entre la procuradora y el fiscal Villena será determinante para determinar si se abrirá una nueva investigación o si se mantendrá el archivo actual, mientras el debate y la polémica en torno al tema continúan en el país.
El próximo paso en este proceso será la comparecencia del fiscal Juan Carlos Villena ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, programada para el 24 de junio. En esta sesión, se espera que el fiscal explique las razones detrás de su decisión de cerrar la investigación, frente a las crecientes preocupaciones públicas y las evidencias presentadas por la procuraduría.
