Ante el incremento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana, el Gobierno declaró en estado de emergencia a Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de 30 días calendario, medida que regirá a partir de la medianoche.
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La decisión fue anunciada por el presidente de la República, José Jerí, y aprobada por el Consejo de Ministros, como parte de una estrategia integral para restaurar el orden público, reforzar la seguridad y proteger a la población.
Medidas y restricciones durante el estado de emergencia
El decreto publicado en El Peruano establece un conjunto de acciones y restricciones específicas para fortalecer el control territorial y reducir los índices delictivos. Una de las disposiciones más destacadas es la prohibición del tránsito de dos personas adultas en vehículos menores motorizados de la categoría L3, es decir, las motos lineales, medida que busca frenar los delitos cometidos bajo la modalidad de “raqueteo” o sicariato.
Asimismo, se autoriza la intervención e internamiento de vehículos en depósitos oficiales si presentan documentación adulterada, placas ilegibles o deterioradas, o cualquier elemento que impida su correcta identificación.
Estas acciones se complementan con patrullajes intensivos en zonas críticas, a cargo de las Fuerzas Combinadas, que incluyen a la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas y los cuerpos de Serenazgo municipal.
Control territorial y presencia activa en puntos estratégicos
El artículo 6 del decreto, específicamente en su apartado 6.2, detalla las directrices para el funcionamiento de las Fuerzas Combinadas y el Control Territorial, orientadas a mantener una presencia constante en áreas de alto riesgo.
Entre las acciones establecidas se incluye:
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Control territorial focalizado en zonas críticas y resguardo de instituciones públicas, con la instalación de comandos de campaña temporales en coordinación con los gobiernos locales y regionales.
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Patrullajes a pie y vehiculares permanentes de las Fuerzas Combinadas en puntos estratégicos como paraderos, estaciones del metro, centros de servicios públicos y activos estratégicos.
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Operativos de control de identidad y búsqueda de requisitoriados, basados en el mapa del delito y en coordinación con el Comité de Coordinación Operativa Unificada (CCO).
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Operativos de control de identidad en inmuebles, que podrían incluir descerrajes, según informes del CCO o del Comité de Inteligencia (CI).
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Fiscalización y control del tránsito de vehículos motorizados y no motorizados.
Refuerzo de la seguridad y lucha contra el crimen organizado
El decreto también autoriza operativos masivos de decomiso de armas, municiones, explosivos ilegales y pirotécnicos, así como la fiscalización de la fabricación artesanal y comercialización irregular de productos pirotécnicos de las clases 2 y 3.
En el marco de la lucha contra el crimen organizado, las autoridades intensificarán el control de insumos químicos que puedan ser utilizados en la elaboración de drogas ilícitas, reforzando la presencia policial y militar en puntos estratégicos vinculados al tráfico de sustancias químicas.
Además, el Sistema de Inteligencia Nacional realizará pruebas de confiabilidad mediante polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a otros funcionarios que determine el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), como parte de los esfuerzos por garantizar la integridad institucional.
Un plan coordinado de seguridad nacional
La implementación del estado de emergencia contempla una acción conjunta entre el Ejecutivo, los gobiernos regionales y municipales, con el fin de optimizar recursos, reforzar el patrullaje y ejecutar estrategias focalizadas de prevención del delito.
El presidente José Jerí destacó que esta medida no busca restringir libertades, sino garantizar la seguridad de los ciudadanos. “El Estado actuará con firmeza, pero también con responsabilidad, para devolver la tranquilidad a las familias peruanas”, sostuvo durante el anuncio oficial.
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Con esta decisión, el Gobierno busca reducir los índices de criminalidad, aumentar la presencia policial y militar en las calles y recuperar el control territorial en sectores donde la violencia y el crimen organizado han puesto en riesgo la convivencia social.
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