¡Mientras el Gobierno y la justicia miran hacia otro lado, el pueblo es asesinado por defender lo que es suyo! La selva del Perú, ese pulmón verde lleno de vida y esperanza, no solo deslumbra por sus paisajes que parecen salidos de un sueño, sino por su inmensa riqueza natural. Sin embargo, esa misma riqueza la ha convertido en un campo de batalla, donde el crimen organizado ha tomado control. La minería ilegal, la tala, el narcotráfico y la trata de menores se han apoderado de esta tierra. Aquí la ley ha desaparecido, la justicia yace inerte, como los cuerpos de aquellos líderes indígenas que se atrevieron a levantar la voz en defensa de su hogar. Desde 2013 hasta octubre de 2024, 36 defensores indígenas han sido brutalmente asesinados, silenciados por querer proteger lo que a todos nos pertenece. La selva, que debería ser un refugio de vida, se ha transformado en una zona de muerte y abandono.
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¡El Perú que nadie quiere ver! Más de 30 líderes indígenas son asesinados
La muerte de Mariano Isacama Feliciano, líder Kakataibo, marcó un punto de inflexión en la lucha de las comunidades indígenas. Este líder, cuyo cuerpo fue hallado en la ribera del río Yúrac el 14 de julio, desaparecido desde el 21 de junio, no solo fue asesinado, sino torturado. Hasta el día de hoy, su familia no alcanza justicia.
¿Por qué aumenta el número de líderes indígenas asesinados en el Perú?
El aumento de asesinatos de líderes indígenas en Perú, el último ocurrido el 8 de octubre contra el defensor ambiental – Gerardo Keimari Enrique, está relacionado con el crecimiento de las actividades ilegales en la Amazonía. Minería ilegal, tala y narcotráfico se han expandido en la selva, donde el Estado no tiene presencia efectiva. Esto ha generado un ambiente de impunidad en el que los criminales actúan sin temor a las consecuencias.
Pueblo exige justicia
El asesinato de Gerardo Keimari Enrique, indígena matsiguenka, evidencia una vez más la absoluta falta de voluntad política del Estado para proteger las vidas de quienes defendemos nuestros territorios y la Madre Naturaleza. Esta indiferencia criminal ya ha cobrado más de treinta vidas de líderes y lideresas indígenas.
Gerardo Keimari Enrique era parte del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conocía de las amenazas en su contra. Supuestamente, tenía medidas de protección. Que no funcionaron.
El Estado no cumple su deber de proteger las vidas, sigue aprobando leyes como la Ley Antiforestal, que promueve las actividades ilegales, y la Ley CAD, que vulnera nuestros derechos al permitir el ingreso de personas armadas en nuestros territorios.
La devastación de la selva: minería, tala y narcotráfico
La selva peruana, que representa el 60% del territorio nacional, enfrenta una destrucción sin precedentes. Minería ilegal, deforestación y cultivos ilícitos avanzan cada vez más, afectando no solo al medio ambiente, sino también a las comunidades que dependen de la selva para su subsistencia.
¿Cómo impacta la minería ilegal en la Amazonía?
La minería ilegal es una de las principales amenazas para la Amazonía peruana. No solo contamina ríos con mercurio, sino que además destruye grandes extensiones de bosques. Esto genera conflictos sociales y pone en peligro a los líderes indígenas que se oponen a estas prácticas destructivas.
La respuesta de las comunidades indígenas
Frente a la violencia, los pueblos indígenas, organizados en entidades como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), han decidido tomar medidas extremas. La declaración de emergencia permanente y la amenaza de ejercer la legítima defensa son indicios de la desesperación de estas comunidades ante la falta de protección.
¿Qué medidas están tomando los pueblos indígenas para defenderse?
Los pueblos indígenas se ven obligados a actuar por cuenta propia. Ante la inacción del Estado, la Aidesep ha advertido que ejercerán su derecho a la legítima defensa. Esta medida, aunque arriesgada, refleja la realidad de un territorio donde la ley no se aplica, y la violencia es la única respuesta de los criminales.
La impunidad y la falta de justicia
A pesar de los constantes llamados de organizaciones indígenas y de derechos humanos, la justicia en Perú parece no llegar a las comunidades amazónicas. Gerardo Keimari Enrique, líder indígena shipetiari, también fue encontrado muerto en octubre de 2024, un crimen más que se suma a la larga lista de asesinatos sin resolver.
¿Qué está haciendo el gobierno para proteger a los líderes indígenas?
El Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha demostrado ser insuficiente. Aunque Keimari era beneficiario de este programa, no pudo evitar su asesinato. Este caso subraya la necesidad de reformas urgentes para garantizar la seguridad de quienes defienden la selva.
El llamado de la Defensoría del Pueblo y organizaciones indígenas
Ante la situación crítica, la Defensoría del Pueblo ha solicitado una mayor presencia policial en las áreas afectadas, como la provincia del Manu, en Madre de Dios. A su vez, la organización regional Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri ha pedido una investigación exhaustiva para determinar las causas de la muerte de Keimari.
¿Cuáles son las exigencias de las comunidades indígenas?
Las comunidades indígenas no solo exigen justicia para los asesinados, sino también protección efectiva para aquellos que continúan luchando por sus territorios. La impunidad ha permitido que los criminales actúen libremente, lo que deja a los defensores sin opciones más allá de la resistencia armada.