La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido una resolución que exige al Estado peruano detener el avance legislativo de un proyecto de ley que afectaría la prescripción de crímenes de lesa humanidad previos a 2002. Esta determinación se dio en respuesta a una solicitud de medidas provisionales presentada por familiares de víctimas, destacando la preocupación por el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
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Reacción del Gobierno peruano y el congreso
En una carta conjunta dirigida a la Corte IDH, la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, expresaron su firme rechazo a la resolución. El primer ministro Gustavo Adrianzén, quien anunció esta respuesta, subrayó la postura del gobierno respecto a la autonomía y el funcionamiento de los poderes estatales, manifestando que el Perú posee mecanismos internos adecuados para revisar la constitucionalidad de las leyes, como el control difuso y concentrado.
La Corte IDH argumentó que el proyecto de ley en cuestión podría impedir el procesamiento penal de crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos antes del año 2002, lo cual contradice principios fundamentales de acceso a la justicia y derechos humanos universales. Además, solicitó al Estado peruano que informe detalladamente sobre las acciones tomadas antes del 9 de agosto de 2024 para cumplir con esta decisión.
La carta enviada por Boluarte y Soto lamenta profundamente la implicación de la Corte IDH de que el Perú no respeta los principios de un estado constitucional de derecho. Afirman que el país cuenta con mecanismos suficientes para garantizar el equilibrio y control de los poderes públicos, desestimando así las críticas internacionales sobre la autonomía jurídica y democrática del país.
Esta situación pone de manifiesto una nueva crisis legal y constitucional en el Perú, que deberá resolver en los próximos días cómo proceder frente a las exigencias de la Corte IDH mientras mantiene su soberanía y autonomía interna en materia legislativa y judicial.
