Un reporte de la Contraloría General de la República, dado a conocer hoy, indica que Dina Boluarte, vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, habría incurrido en infracción constitucional al integrar los consejos directivos del Club Departamental Apúrímac y de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú.
Además, Boluarte no habría consignado en sus declaraciones juradas de intereses que dos familiares suyos, su hermano Wigberto Boluarte y su cuñado Alfredo Pezo Paredes, fueron contratados por el Estado y recibieron sueldos por más de 30 mil nuevos soles. Asimismo, la vicepresidenta, según la Contraloría, no reportó los datos laborales de 8 familiares «dentro del segundo grado de afinidad», tal como señala la ley.
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Cargos paralelos
Según el informe realizado entre setiembre de 2021 y enero del presente año, Dina Boluarte fue designada como presidenta del Consejo Directivo de la asociación «Club Departamental Apurímac» para el periodo entre el 16 de febrero de 2017 al 15 de febrero de 2019. Posteriormente, en una Asamblea General, fue reelegida en ese cargo para el periodo del 16 de febrero de 2019 al 15 de febrero de 2022, cuando ya ocupaba los altos cargos que desempeña en el Gobierno.
No obstante, el 16 de febrero de 2022, su periodo al mando del club fue ampliado hasta el 15 de febrero de 2024, mediante escritura pública del 20 de setiembre de 2021. Según el reporte de la Contraloría, «no se advirtió el registro de la renuncia al cargo» por parte de Boluarte.
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Similar situación se habría dado con el consejo directivo de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú. Según el informe, Dina Boluarte, en Asamblea General Ordinaria realizada en mayo de 2019, fue elegida como segunda vicepresidenta del consejo directivo de la institución. Sin embargo, el 8 de mayo de 2021, «la fiscalizada fue elegida como primera vicepresidenta» de dicho consejo para el periodo 2021-2023. Al respecto, el órgano de control tampoco advirtió «el registro de la renuncia al cargo» por parte de Boluarte.
Según señaló la Controlaría, al no haber renunciado a ambos cargos en dichos clubes, la titular de Desarrollo e Inclusión Social habría cometido una infracción a la Constitución, que indica en su artículo 126 que «los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas».
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