La Contraloría emitirá en las próximas semanas los informes con las responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos implicados en la vacunación irregular por fuera del estudio clínico. Así lo manifestó el titular del ente de control, Nelson Shack, durante conferencia de prensa.

La Contraloría adelantó que se ha detectado que en la lista de 487 personas vacunadas de forma irregular hay casos de registros duplicados, con datos dispersos y de una persona que no está en los registros del Reniec. De esta lista, hay 122 personas que son funcionarios públicos.

“Hay una lista de 487 personas, pero hay 13 registros duplicados, una persona que no existe en Reniec, hay 3 que son la misma persona, pero con nombres reordenados. Son 462 peruanos y 9 extranjeros, de esos 122 son funcionarios públicos. Hay 70 personas que están en esa lista que conforman 26 grupos familiares, de los cuales el 75% son de los funcionarios. O sea, 19 funcionarios no solo se han vacunado irregularmente, sino que han hecho abuso de su cargo para vacunar a sus familias”, explicó Shack.

Enfatizó que tienen principal interés en investigar que algunos de esos funcionarios son los que han firmado los contratos, por lo cual no solo hay presunta responsabilidad administrativa, una falta ética, sino que se vulneró el código de la función pública, de Servir y otros.

En ese sentido, advirtió que la renuncia no es una sanción, sino que los funcionarios deben ser inhabilitados. Pero, además, de esos 122 funcionarios, hay 19 que podrían tener una sanción agravada por favorecera a familiares.

“Tenemos varios funcionarios, además de las exministras de RREE y de Salud y del expresidente, que han tenido una vinculación directa e indirecta en el proceso de negociación de la vacuna y la firma del contrato. Hablamos de presuntas responsabilidades penales. Fiscalía ya abrió investigación preliminar por presuntos delitos de negociación incompatible y de concusión”, añadió.

Pena de 8 años

Las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete fueron incluidas por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en la investigación preliminar que abrió días atrás al expresidente Martín Vizcarra por el caso de las vacunas.

Los abogados penalistas Yván Montoya y Rafael Chanjan indicaron que las exministras podrían recibir una sanción de hasta ocho años de prisión, de acuerdo con las penas establecidas en el Código Penal.

En el caso del delito de concusión, tiene una pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho años. La negociación incompatible tiene una pena no menor de cuatro ni mayor de seis años.

Montoya explicó que lo que sigue es acopiar elementos para “hacer verosímil la imputación” que hace la fiscalía. Mientras que Chanjan anotó que durante la investigación se podrán realizar diligencias como recojo de declaraciones, además de incautaciones o levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Datos

* La Contraloría recibió la solicitud del presidente de la Comisión parlamentaria que investiga el suministro irregular de vacunas, el legislador Otto Guibovich, de asignar auditores para apoyar su trabajo.

* Shack indicó que “pareciera que esas tres mil 200 vacunas, que entraron con una declaración aduanera absolutamente independiente del resto, no estaban orientadas al tema del ensayo clínico”.

Por. Redacción El Tiempo / Agencias