La Defensoría del Pueblo recomendó a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) reevaluar las medidas dictadas sobre el pago de estos servicios públicos de agua, alcantarillado, telecomunicaciones, electricidad y gas.
La institución pide ampliar el beneficio de fraccionamiento de las facturaciones, a todas las familias que vienen recibiendo bonos de ayuda económica para afrontar los efectos del estado de emergencia.
Hasta el momento, la normatividad emitida durante la emergencia restringe el fraccionamiento de recibos de los servicios de consumo de electricidad, gas y saneamiento, a un importante grupo de usuarios domésticos, y a la totalidad de usuarios comerciales, industriales y estatales, quienes además presentan reclamos por el proceso de facturación.
Y en el ámbito de las telecomunicaciones, se ha otorgado a las empresas operadoras la facultad de establecer las condiciones para permitir el fraccionamiento y la reducción de prestaciones a los usuarios que no han cumplido con pagar las facturaciones en estos más de 60 días de aislamiento.
Por ello, la Defensoría del Pueblo invoca a que se autorice que las empresas prestadoras no puedan suspender los servicios públicos por facturaciones impagas, sino después de transcurridos tres (03) meses de culminado el estado de emergencia, previa notificación, y procurando otorgar las facilidades de fraccionamiento a quienes lo soliciten.