El Poder Judicial tiene programada una audiencia virtual para el jueves 27 de junio, donde se evaluará la solicitud de la Procuraduría General del Estado para ser reconocida como «actor civil» en la investigación contra el ex presidente Martín Vizcarra. Esta investigación se centra en la contratación de Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, en el Ministerio de Cultura bajo órdenes de servicio que no se alineaban con su perfil profesional.
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El juez supremo Juan Carlos Checkley será el encargado de analizar los argumentos presentados por la defensa del Estado peruano, que acusa a Vizcarra de peculado doloso por apropiación para terceros, además de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. También deberá considerar la oposición presentada por la defensa del ex presidente Vizcarra contra la inclusión de la Procuraduría como parte civil en el caso.
Si el juez decide a favor de la Procuraduría, esta entidad tendría la facultad de buscar y recibir una reparación económica en beneficio del Estado peruano, en caso de que Vizcarra sea hallado culpable de los cargos imputados por la Fiscalía.
La solicitud de la Procuraduría incluye una propuesta inicial de más de 500,000 soles como reparación civil solidaria, que tanto Vizcarra como la ex ministra de Cultura Patricia Balbuena deberían pagar al Estado peruano como consecuencia del caso ‘Richard Swing’.
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El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, inició esta investigación preparatoria tras la aprobación de una denuncia constitucional por el Congreso el 14 de marzo, dirigida contra Vizcarra y Balbuena debido a los contratos irregulares con ‘Richard Swing’. Estos contratos, revelados inicialmente por una denuncia periodística en mayo de 2020, detallaban pagos por servicios como charlas motivacionales y de liderazgo, actividades que no correspondían al perfil ni la experiencia de Cisneros.
Este caso ha generado controversia debido a la cercanía de Richard Cisneros con Martín Vizcarra desde la campaña electoral de Pedro Pablo Kuczynski en 2016.
