Luis Vivanco, abogado del ex investigador principal de los ensayos clínicos de la vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm, Germán Málaga, afirmó no entender el delito por el cual se ha pedido investigar a su patrocinado.

“Todavía no acabo de entender cuál es el delito que según la Procuraduría habría cometido mi patrocinado. ¿Qué es exactamente lo que ha cometido y bajo el rótulo de qué delito se ha entendido esa supuesta acción?”, enfatizó en entrevista para RPP.

El abogado se mostró “indignado” con la situación y rechazó las medidas tomadas por la Procuraduría, ya que las diligencias no se han incorporado formalmente a una investigación.

“Quiero ser bastante enfático en expresar una absoluta indignación, un total rechazo a esta medida y a esta actitud vinculada a un protagonismo impostado por parte de la Procuraduría”.

“Estamos al inicio de diligencias preliminares que en el caso de mi patrocinado, el doctor Málaga, ni siquiera han sido formalmente incorporados a una investigación. Y a este nivel la Procuraduría está tratando de forzar o de presionar al Ministerio Público a que tome una decisión que es absolutamente contraria a cualquier principio cautelar penal”, agregó.

Vivanco resaltó que no existen argumentos para una detención preliminar y exhortó a la Procuraduría a “dejar de asociar la justicia con cárcel”.

“Yo no entiendo tampoco cuál es la necesidad de promover un pedido de detención preliminar contra mi patrocinado. ¿Qué cosa supone la Procuraduría?, ¿qué existe algún elemento o indicio que haga suponer que mi patrocinado se va a sustraer a la acción de la justicia?, ¿qué se va a fugar?”

Asimismo, se mostró en desacuerdo con que a Málaga se le acuse por negociación incompatible.

“La negociación incompatible es un delito. Para promover una solicitud, apelo a un mínimo profesionalismo que pase por concretizar una conducta específica, algo que haya cometido que se pueda encausar al delito de negociación incompatible”.

Afirmó que su patrocinado no pudo haber cometido un delito, debido a que no se trata de un funcionario público.

“Mi patrocinado no es funcionario público. Él no puede haber cometido el delito. Y si de alguna manera tiene un grado de participación distinto, a título de complicidad, no se ha explicado cómo habría promovido que algún funcionario se interese en los contratos de compra de vacunas”, finalizó.

Vía La República