La asociación civil Vigilia Ciudadana solicitó al Órgano de Control de la Magistratura (OCMA) investigar al Segundo Juzgado Laboral de Piura por la emisión de medidas cautelares a favor de reposición de exservidores y reconocimiento de beneficios sociales.
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“Se debería investigar cómo estos expedientes llegan a este juzgado y todos serían resueltos con medidas cautelares provisionales que implican una erogación (salida) de dineros públicos”, afirmó el presidente de Vigilia Ciudadana, Gerardo Cabrejo.
Beneficios
De acuerdo a una investigación de la asociación, en el caso del Gobierno Regional, la solicitud de medidas cautelares provienen, en su mayoría, del sindicato progresista de trabajadores.
Estas se relacionan con demandas por el pago de bonificaciones adicionales como bono alimentario, canasta de víveres y otros.
Cabrejo sostiene que gracias a estas medidas cautelares por beneficios, se puede encontrar trabajadores del Gobierno Regional con sueldos que llegarían hasta los S/ 9.000.
De acuerdo a las boletas que ha recabado Vigilia Ciudadana, un trabajador del GORE puede recibir una remuneración de S/ 3.000, pero se le agrega conceptos como Cafae (S/ 3.420), bono alimentario (S/ 525), diferencia de canasta (S/ 1.500) y bono trimestral (S/1.500).
Debido a este motivo, el sueldo final varía entre los S/ 7.000 a S/ 9.000 para los servidores públicos.
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Reposición
El otro problema que se advierte es la reposición, con medidas cautelares, de exservidores al GORE.
Según declaró el gerente del Gobierno Regional, Jorge Cabellos Pozo, un grupo de 200 extrabajadores de la gestión del exgobernador Servando García, han retornado a laborar con sueldos entre S/ 3.000 a S/ 4.000.
“[Con estas decisiones] ponen al Gobierno Regional en serios aprietos respecto de las coberturas presupuestales salariales de sus trabajadores”, aseveró Cabrejo.
El directivo de Vigilia Ciudadana agrega que un tema por investigar es cómo se produce la asignación de expedientes de demandas de medida cautelar en el mismo juzgado laboral.
“La OCMA debería investigar cómo es que toda medida cautelar que plantea el sindicato progresista del Gobierno Regional, siempre terminaría en el despacho del juez Requez, cuando la asignación de expedientes y demandas es aleatoria”, señaló el directivo.
Cabe indicar que en Piura existen seis juzgados laborales que atienden las demandas de forma aleatoria.
“Son medidas cautelares que les permiten seguir trabajando [a exservidores] o incrementos salariales desmedidos y abusivos y que ponen en riesgo la viabilidad del sistema salarial del Gobierno Regional”, dijo.
