La Contraloría General de la República, informó que en el 2022 el Gobierno Regional de Piura fue la segunda entidad con mayores niveles de corrupción e inconducta funcional del país.

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De acuerdo al órgano de control, se identificó a 34 funcionarios con sanciones en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) y 59 con presuntas responsabilidades administrativas.

Ostentar este deshonroso lugar le ha costado a la región 187 proyectos abandonados y caducos, lo que representa un costo total de S/1 083 millones en perjuicio del erario público.

Sobre el tema, el presidente de la Asociación civil ‘Vigilia Ciudadana’, Gerardo Cabrejo, señaló que lamentablemente la corrupción avanza porque no encuentra una sanción inmediata. Por ello, consideró de suma importancia devolver el rol sancionador a la Contraloría para que la situación no quede impune.

«Es necesario que se devuelva a la Contraloría las facultades que debería tener para ayudar en la lucha contra la corrupción y que no todo se quede en un informe», declaró.

Asimismo, indicó que debería modificarse la Ley de Contrataciones del Estado con la finalidad de permitir una mayor participación ciudadana en los procesos de adjudicación y supervición de obras.

«Ya es tiempo de que se modifique la Ley de Contrataciones del Estado porque así como el convocante puede llamar a un tercero para que forme parte del comité de adjudicación, por su naturaleza técnica y especializada. También debería tomarse el padrón de Reniec para seleccionar a dos ciudadanos que representen a los ciudadanos de la jurisdicción donde se va a aplicar esa obra, bien o servicio», comentó.

Esto con la finalidad de que haya coherencia con la norma de control social señalada en la propia ley del Sistema Nacional de Control.