El Poder Judicial en Piura ha generado un nuevo debate tras rechazar la Ley N.º 32330, que busca considerar a adolescentes de 16 y 17 años como penalmente imputables. Este pronunciamiento, emitido durante el Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia, resalta la importancia de proteger los derechos de la niñez y priorizar la rehabilitación sobre el castigo.

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¿Qué establece la Ley N.º 32330 y por qué es controversial?

La Ley N.º 32330 propone que los adolescentes entre 16 y 17 años enfrenten sanciones penales similares a las de los adultos en casos de delitos graves. Sin embargo, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, argumentó que esta norma contradice los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, que promueve sistemas de justicia juvenil enfocados en la reintegración social. Según Tello, penalizar a menores no aborda las causas estructurales de la delincuencia juvenil, como la desestructuración familiar o la falta de oportunidades.

El Poder Judicial ya había advertido sobre los riesgos de esta ley antes de su aprobación, respaldándose en estudios técnicos y en la postura de instituciones como el Ministerio Público y los sectores de Justicia e Interior. La controversia radica en que endurecer las penas podría no ser la solución más efectiva para reducir la reincidencia delictiva en menores.

¿Qué dicen los datos sobre la delincuencia juvenil en Piura?

Un dato clave presentado durante el Pleno en Piura revela que solo el 2 % de los adolescentes en conflicto con la ley penal reincide en actividades delictivas. Este bajo porcentaje, según el Poder Judicial, sugiere que las políticas de prevención y acompañamiento son más efectivas que el castigo penal. En lugar de imponer penas más severas, los esfuerzos deberían centrarse en programas de reintegración social y en fortalecer el entorno familiar para prevenir problemas como la violencia o la delincuencia.

La importancia de la reintegración en la justicia juvenil

La rehabilitación de menores es un pilar fundamental de los sistemas de justicia modernos. Durante el evento, que reunió a 92 jueces y juezas superiores de 34 distritos judiciales, se destacó que la desestructuración familiar es un factor clave en el aumento de la delincuencia juvenil. Por ello, se subrayó la necesidad de unificar criterios en los procesos de familia, niñez y adolescencia para abordar estos problemas desde su raíz.