Tras la convocatoria a Elecciones Generales 2026, todas las entidades públicas del país tienen prohibido difundir publicidad estatal, salvo en casos de necesidad impostergable. Sin embargo, en la región Piura, autoridades locales estarían incumpliendo esta disposición.
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Según advirtió el especialista en derecho electoral Juan Carlos Álamo, la publicación del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral (Resolución N.° 112-2024-JNE), el pasado 19 de abril, establece claramente que la publicidad estatal está restringida para todas las instituciones públicas desde la convocatoria oficial a elecciones.
“La difusión de publicidad estatal está totalmente prohibida, salvo excepciones muy específicas como campañas por salud pública o desastres, y siempre con autorización previa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”, subrayó Álamo.
Responsabilidad recae en alcaldes y gobernadores
El especialista precisó que la responsabilidad recae directamente sobre los alcaldes, gobernadores u otras autoridades máximas de instituciones públicas. Las sanciones pueden ir desde 30 hasta 100 UIT (entre S/ 154,500 y S/ 515,000 aproximadamente)
“Los responsables de difundir esta publicidad indebida son los titulares del pliego. Las sanciones pueden ir desde 30 hasta 100 UIT”, advirtió.
Paneles y redes sociales bajo la lupa
Entre los casos observados en Piura, se identificaron paneles y banners en avenidas principales como la av. Sullana, av. Andrés Avelino Cáceres, av. Ramón Mujica y av. Progreso, con mensajes del Gobierno Regional y las municipalidades de Piura y Castilla.
Álamo explicó que aun la ausencia de la imagen del alcalde o gobernador exonera la sanción, puesto que la prohibición abarca toda forma de difusión que busque posicionar políticamente a la entidad.
“No se trata solo de que aparezca o no la imagen de la autoridad. Toda difusión que implique uso de fondos públicos con fines de visibilidad institucional está restringida”, aclaró.
El experto también alertó sobre la contratación de paneles publicitarios de alto costo en espacios privados, lo que podría constituir no solo una falta administrativa sino también una irregularidad de tipo penal.
Exhortación a cumplir la ley electoral
Finalmente, Álamo hizo un llamado a los equipos de comunicación institucional y a las propias autoridades:
“Es fundamental que los encargados de imagen institucional se capaciten y se adecúen a la normativa. La transparencia y equidad del proceso electoral están en juego”, concluyó.
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