El Gobierno autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Lima y Callao para el mantenimiento del orden interno y la ejecución de operaciones policiales durante 30 días calendario. Si bien las autoridades y especialistas consideraron que la medida debería ser replicada en Piura, también creen que no se pueden cometer abusos.

El consejero y exjefe de la División de Investigación Criminal (Divincri), Alfonso Llanos, opinó que la medida debería ser adoptada también Piura, dado que falta personal y logística para combatir la delincuencia e inseguridad.

“Espero que los jefes de región soliciten que esto se replique aquí porque nuestros cuarteles tienen personal y vehículos que podrían ser de ayuda, y la propia presencia de un patrullaje conjunto con la Policía podría disuadir la actividad delictiva. Sería para prevención”, dijo.

Por su parte, el consejero por Sullana, Leonidas Flores, pidió que esta estrategia del Gobierno se aplique en Sullana, provincia en la cual los crímenes han incrementado. “Los militares apoyaron a la Policía en la pandemia y pueden ayudar a disuadir, siempre y cuando la Policía sea quien lidere esto”.

Mientras que el alcalde de Piura, Juan José Díaz, aseveró que él mismo hizo este pedido, en su momento, al presidente de la República y hizo énfasis en que “nuestras FF.AA. necesitan todo el apoyo legal para cumplir esta misión, que puede ser transitoria en tanto se fortalece a nuestra Policía, pero no podemos esperar más. En los toques de queda, al inicio de la pandemia, se pudo comprobar que la presencia de FF.AA. es clave para los resultados esperados por todos”.

En la misma dirección opinó el alcalde de Veintiséis de Octubre, Darwin García, quien agregó que el personal de las FF.AA. deberá ser previamente capacitado para la labor, a fin de que se respeten los derechos humanos y, por ejemplo, sepan en qué situaciones es válido respetar el libre tránsito.

El alcalde de Morropón, Nelson Mío, también dijo que los soldados tendrían que pasar por una previa capacitación: “Ha llegado el momento de tomar esta decisión, pero que sea con absoluta responsabilidad porque las FF.AA. no han sido entrenadas para esto. Deberían unir fuerza con la Policía para el bien del país, sin caer en excesos”.

A su turno, el coronel y jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP), Eduardo Arbulú, resaltó que el apoyo militar dotaría a la Policía de personal, equipo y de un mejor sistema de comunicación. “La Policía está abarcando demasiadas funciones con la pandemia y podría recibir ayuda del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea; sí saben tratar con problemas urbanos”.

Hechos para matar

El congresista Jorge Montoya, almirante en retiro, se mostró en contra de la disposición del Gobierno al considerar que “las Fuerzas Armadas no están para cuidar el orden interno, salvo que hayan situaciones que desborden a la capacidad logística de la Policía, están diseñadas para matar”.

El congresista José Cueto, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, expresó su preocupación por esta disposición: “El Poder Ejecutivo tendrá que explicar los alcances de esta medida para evitar resultados negativos. El problema no solo está en Lima y el Callao”.

En tanto, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, subrayó que “siempre hay que ser vigilantes y cautelosos del cumplimiento de la medida, pero fundamentalmente del respeto derecho de las personas, eso tiene que primar ahí”.

Para el exministro del Interior Óscar Valdés, está comprobado que este tipo de medidas no tienen resultados en la lucha contra la inseguridad ciudadana porque “las Fuerzas Armadas tienen otra misión y están preparadas para hacer frente a otro tipo de amenazas. La Policía cuenta con más de 140 mil efectivos, pero lamentablemente están mal distribuidos”.

La exministra de Defensa, Nuria Esparch, enfatizó que “el uso de las FF.AA. solo puede ser para garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus libertades y derechos, y no para atentar contra las garantías constitucionales. Por ello, es fundamental delimitar con claridad el apoyo requerido”.

Asimismo, el especialista en políticas públicas en seguridad y defensa, Diego Ferre, criticó la medida del Estado al señalar que “la principal función de las FF.AA. es, según nuestro ordenamiento legal, ‘garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República’. Es decir, nuestras FF.AA. están diseñadas para enfrentar amenazas externas; su formación, equipamiento y entrenamiento se centra en combatirlas: utilizar dichos recursos, humanos y materiales, para patrullar calles, es subutilizar un recurso público valioso”.