Cerca de nueve mil contribuyentes, entre medianos y principales, están en la mira del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por no cumplir con el pago del impuesto predial. De mantenerse la morosidad, sus deudas pasarían a la etapa de cobranza coactiva, proceso que podría derivar en embargos, retención de cuentas bancarias o incautación temporal de vehículos.
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Así lo advirtió la gerente de Operaciones, Jenny Chanduví Peralta, durante una conferencia de prensa. La funcionaria detalló que este grupo representa el 18 % de los más de 50 mil registrados en la base de datos del ente recaudador.
No obstante, aclaró que aún existe margen para evitar la intervención forzosa. Los contribuyentes pueden acercarse a regularizar su situación y evitar consecuencias legales o económicas más severas.
“El objetivo no es ejecutar sanciones, sino promover el cumplimiento voluntario. Invitamos a la ciudadanía a no esperar la notificación y ponerse al día con sus obligaciones”, expresó Chanduví.











