En un contexto donde la creciente inseguridad ciudadana prevalece, muchos peruanos y piuranos se ven obligados a adquirir armas de fuego como medida de autodefensa, evidenciando la percepción de una respuesta insuficiente por parte del Estado ante la problemática delictiva.

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Según la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), las peticiones para portar armas en el Perú están aumentando, puesto que diariamente reciben 400 expedientes para obtener o renovar licencias.

De acuerdo a la entidad, se espera un incremento entre el 3,5% y el 4,5% respecto al año pasado. En el 2022, hubo cerca de 30 mil pedidos y en lo que va del año ya van más de 26 mil.

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Al respecto, el exjefe de la Divincri Piura, Alfonso Llanos, sostuvo que la desorganización y nulidad de conocimiento del Estado en temas de seguridad ha obligado a los ciudadanos a optar por mecanismos de defensa.

“Al delincuente no les importa la vida de la víctima con tal de conseguir su objetivo que es robar y bajo esa perspectiva, el ciudadano ya empezó a adquirir armas para defenderse puesto que se siente desprotegido”, indicó.

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Legítima defensa

El último domingo, un avezado delincuente intentó robar, junto a su compinche, una lujosa camioneta de un vecino de la zona de Santa María del Pinar, en Piura. Sin embargo, el ciudadano tenía un arma de fuego con que defenderse y se inició una balacera en la que uno de los delincuentes cayó a consecuencia de una bala en la cabeza.

Para el penalista Ronald Vílchez, este caso podría quedar amparado bajo la figura de la legítima defensa y por ende no tendría sanción penal. 

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No obstante, advirtió que el portar un arma de fuego con todos los permisos correspondientes no va a liberar en todos los casos de una responsabilidad penal.

“El hecho de portar un arma, además de significar una responsabilidad para el que la usa, habría que analizar lo que ocasiona”, expresó.