El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió este domingo 21 de septiembre una resolución que marca un nuevo capítulo en el escenario político rumbo a las Elecciones Generales 2026. La máxima autoridad electoral confirmó que el gobernador regional de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, vulneró la ley de neutralidad al participar en actividades de carácter partidario fuera de su jurisdicción.
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Participación en actos políticos fuera de La Libertad
Durante los últimos meses, el fundador de APP fue visto en diferentes eventos relacionados con su organización política en regiones como Piura y Huancayo. Aunque Acuña reiteró en diversas oportunidades que no se encontraba en campaña, el JNE, con base en el informe presentado por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Chiclayo, concluyó que estas acciones constituyen propaganda política prohibida para autoridades en funciones.
La resolución del ente electoral recalca que la neutralidad de los funcionarios públicos es un principio fundamental para garantizar la transparencia y equidad en los procesos electorales, por lo que cualquier infracción puede derivar en sanciones que afecten sus aspiraciones futuras.
César Acuña y su proyección hacia las elecciones 2026
La decisión del JNE se produce en medio de crecientes especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial de Acuña. Desde su entorno familiar y partidario, se insiste en que el líder de APP sería el “candidato natural” de la organización para los comicios del 2026.
Sin embargo, las encuestas aún no le son favorables. Estudios recientes de Ipsos lo sitúan con apenas un 3% de intención de voto, muy por detrás de otros posibles aspirantes en la carrera presidencial. Este escenario refuerza la percepción de que APP deberá redoblar esfuerzos para consolidar su presencia nacional de cara a los próximos dos años.
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Una advertencia en medio del panorama electoral
El pronunciamiento del JNE no solo impacta directamente en la figura de Acuña, sino que también envía un mensaje al resto de autoridades en ejercicio: la obligación de cumplir estrictamente con la ley de neutralidad electoral. Cualquier uso indebido del cargo para fines partidarios será supervisado y sancionado, en aras de garantizar un proceso electoral justo.
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