En la delegación de facultades legislativas por 90 días a favor del Ejecutivo, se permitiría modificar algunas normas de la ley de saneamiento para facilitar el ingreso de empresas privadas en el servicio de agua potable.
Se trata de modificación del decreto legislativo 1280 con lo cual se avalaría que otros agentes económicos se sumen al servicio público, incluso utilizando la infraestructura de las empresas prestadoras de servicio.
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“Se promocionará e incentivará la comercialización de los productos generados por la actividad de saneamiento y permitirá utilizar su infraestructura para dar este servicio público y regular su mercado estableciendo competencias, funciones e incentivos para que más agentes prestadores se sumen”, se lee en la iniciativa.
Bajo esta lógica, las entidades privadas podrían comercializar el agua potable que producen las empresas nacionales de saneamiento del país para generar réditos a su favor.
A favor de la privatización
Sobre el tema, el exministro de Vivienda, Milton Von Hesse, se mostró a favor de la iniciativa porque permitiría una mayor eficiencia de las empresas prestadoras de servicio de saneamiento.
“El gran problema del agua y saneamiento en el Perú es que ahora las empresas de saneamiento son 100 % públicas municipales y la calidad del servicio es un desastre no solamente en Lima, sino en todo el país. Esto de que corten el agua durante cuatro días no pasa en ningún sitio. Es urgente la participación del sector privado en la provisión de agua”, dijo a El Tiempo, el exministro de Estado.
Agrega que su planteamiento no implica una privatización de los activos de las entidades públicas sino el ingreso del privado bajo otras modalidades donde se mantiene la supervisión del Estado.
“No me refiero a una privatización, donde se venden las acciones de la empresa para que un privado pueda funcionar sin control. Hay dos formas en las cuales funcionan las empresas de agua en el mundo: con concesiones o contratos de gestión. En ambos casos la propiedad sigue siendo municipal”, declaró.
Von Hesse señaló que incluso en Cuba, la empresa nacional de provisión de agua tiene un contrato de gestión con la empresa Aguas de Barcelona.
“En la práctica, hoy las empresas de saneamiento es como si estuvieran privatizadas porque son del sindicato, el cual hace lo que quiere. Hay un manejo pésimo y lo mejor que podría pasar es que entre un operador privado con la supervisión de Sunass”, acotó.
En el caso de la EPS Grau, es pública, pero está en manos de su acreedores luego de declararse en insolvencia. Adeuda más de 200 millones de soles.
